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El traslado de la Escuela de Minas al campus de Barredo, en Mieres, continúa donde lo había dejado la Universidad. Es decir, en marcha para el próximo curso 2023-2024. La magistrada-juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Oviedo, María ... Asunción Velasco, firmó ayer un auto desestimando la solicitud de medidas cautelares contra los planes de la institución académica por parte del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España y el Think Tank Escuela de Minas Oviedo 2050. Para la jueza, si bien abre una vía para que los pormenores de algunos de los asuntos alegados, como la denunciada falta de una memoria justificativa que analice el impacto de la decisión, sean tratados directamente en el pleito abierto -la petición de cautelares se tramitó como pieza separada-, argumentos como que el traslado de las titulaciones a Mieres supondrá una pérdida de prestigio no se sostienen, dice.
Si bien cauto -por aquello de tratarse aún de un asunto 'sub iúdice'-, el rector de la Universidad, Ignacio Villaverde, salió ayer a celebrar las novedades, manifestando que «esto demuestra que la Universidad hace las cosas bien y aleja la preocupación que teníamos sobre cualquier retraso, que podría generar perjuicios al estudiantado, pues ya está previsto su curso, su grado o su máster en Mieres (desde este mismo septiembre). Las cosas siguen su curso». Más allá de eso, sentenció: «Respeto absoluto a las resoluciones judiciales».
Por parte del equipo de gobierno ovetense (PP), principal defensor del mantenimiento de Minas en Oviedo, declinaron ayer realizar declaraciones. No así el de Mieres (IU), para quienes el rechazo de las cautelares no es otra cosa que «la crónica de una derrota anunciada», y la argumentación del colegio y del Think Tank, «un esperpento que demuestra que quienes se oponen al traslado son una minoría sin argumentos». Así, «el futuro de Minas pasa por Mieres, pese a la ópera bufa que impulsan unos pocos, que están demostrando que sólo saben descalificar e insultar al concejo con argumentos clasistas y rancios».
La petición de las cautelares partió con un recurso firmado por el colegio profesional y la asociación de exalumnos el pasado 7 de junio. Uno contra las resoluciones de la Universidad del 31 de marzo por las que se publica la modificación de los planes de estudios de máster en Ingeniería de Minas, en Ciencia y Tecnología de Materiales, en Ingeniería Energética, en Prevención de Riesgos Laborales; y del grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras.
Esto, argumentando que el traslado puede ocasionar un perjuicio para los estudios y el alumnado, que se corre el riesgo de perder el sello de calidad 'European Accreditation of Engineering Programmmes EUR-ACE', y que el cambio de ubicación de la escuela ha derivado en una reducción de matrícula de alumnos, que han optado por «escuelas de mayor prestigio» que la de Mieres, ya que sólo constan cuatro estudiantes para el próximo curso.
También aducen que el traslado supondrá la pérdida de la tradicional exposición de minerales que se realizaba anualmente en la escuela; que una posible sentencia estimatoria podría ocasionar un coste extra para alumnos, profesores y el resto de personal, y argumentan como motivo último de nulidad la falta de una memoria justificativa por parte de la Universidad que analice la reasignación de los recursos humanos, las incidencias sobre los estudiantes, los distintivos vinculados con el centro y sin establecer medidas transitorias. No obstante, la jueza es tajante.
Por partes. En primer lugar, tumba el argumento de la hipotética pérdida de prestigio asegurando que el sello de calidad de las titulaciones de la Escuela de Minas no se ha otorgado a un edificio concreto -en este caso el de la calle Independencia-, sino al nivel de estudios y del profesorado. Además, dicho identificativo de calidad, recuerda, lo ostenta el máster de Ingeniería de Minas y no el centro, y tiene vigencia hasta 2025. Por otro lado, y sobre los posibles perjuicios que devendrían del traslado o su posterior paralización por sentencia sobre el alumnado, profesores y personal, Velasco advierte a los demandantes que no les corresponde a ellos «asumir los intereses de terceros para justificar la legitimación propia».
Sí admite como «razonable» aquello de que el traslado de la Escuela de Minas se estaría produciendo a una «Universidad Politécnica que no ha tenido la evolución suficiente desde su creación». Ahora bien, concluye, esto «no deja de ser una cuestión discrecional que, en modo alguno, puede erigirse en fundamento para adoptar la medida cautelar solicitada».
En todo este proceso, la Universidad ha venido defendiendo la legalidad de la decisión. Señala que «en ningún momento» se han planteado desprenderse del edificio ni dedicarlo a usos no universitarios. También, que «la mayoría» del profesorado se muestra conforme con las modificaciones propuestas y que, en cuanto al número de alumnos, el grado en Ingeniería de Minas lleva más de cinco años con un número de matriculaciones menor a 20, y una tasa de ocupación del 42%.
La Universidad expone que el traslado de los estudios a un lugar diferente es «urgente y necesario dado el grave riesgo de deterioro del edificio y la existencia de materiales cancerígenos (amianto) que es preciso retirar en ausencia de usuarios». Añaden que el Ayuntamiento de Oviedo ha encargado un estudio de los inmuebles que presentan riesgo alto entre los que se encuentra el edifico que alberga la Escuela de Minas, «noticia de la que la Universidad se ha enterado» por EL COMERCIO, a raíz de la publicación, a principios de mayo, del censo local de instalaciones con amianto.
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