«La vida diaria de La Madreña la dirigía el pueblo de Oviedo»

Nadie tenía las llaves de La Madreña, nadie organizaba nada, ni asumió la titularidad efectiva de sus órganos de dirección -si los hubiere- y tampoco nadie puso candados ni trabó puertas y ventanas la madrugada del desalojo, el 3 de junio de 2014. Nadie sabía, nadie, que Sedes, la propietaria del edificio que albergó la antigua Consejería de Sanidad, había denunciado la okupación del inmueble. Al menos eso es lo que ayer sostuvieron todos y cada uno de los diez acusados de usurpar «de forma permanente y para fines personales el edificio deshabitado y cerrado de la calle General Elorza, 32», según afirma la Fiscalía en su escrito de calificación y para los que pide 1.440 euros de multa.

Los diez negaron haber okupado nada en noviembre de 2011, cuando el Centro Social Okupado y Autogestionado La Madreña echó a andar y, al mismo tiempo, no pudieron -ni quisieron- negar haber participado, «como cientos de ovetenses», en las actividades del centro. Ya fueran charlas, conciertos u obras de teatro.

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El juicio se celebra -continúa hoy con las testificales de la Policía- ante el Tribunal de la Sala de lo Civil y lo Penal presidida por Ignacio Vidau, a la sazón presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Que la mayor instancia del Principado se 'ocupe' de una multa de 1.400 euros tiene su miga.

Ayer, el primero en prestar declaración fue Andrés Fernández, diputado de Podemos en la Junta General y razón por la cual los juzgados ordinarios se inhibieron de entrar en el asunto. Fernández reconoció que comenzó a asistir a La Madreña al mes de que esta arrancara sus actividades. En estas, a caballo de dos idiomas, Fernández pidió a la Sala declarar en asturiano, y aunque Vidau no se opuso le recomendó el castellano. «El día del desalojo», continuó Fernández, interno en Pediatría, «estaba en La Madreña estudiando. Entré por la puerta y salí cuando me lo dijo la Policía».

«En el Ayuntamiento de Oviedo también hay pancartas y no está okupado», clamó Rubén Rosón, concejal de Economía que explicó su rocambolesca imputación en la causa. «Nunca me identificó la Policía. Estoy imputado en este juicio por solicitar, antes del 15-M, un permiso de manifestación en Delegación de Gobierno», afirmó Rosón, que rememoró la presencia de concejales de la anterior corporación como Belén Fernández Acevedo, del Partido Popular, en las actividades del centro, «tanto ejerciendo su labor de concejal como afirmando que La Madreña complementaba las actividades culturales de Oviedo».

El cuarto en declarar, Diego Díaz, tuvo que hacer frente a unas declaraciones suyas a EL COMERCIO. El fiscal se apoyó en informaciones en prensa para socavar la defensa de los acusados. El 27 de febrero de 2012, en estas páginas, Díaz aparecía como «un treintañero activamente integrado en la organización del día a día del inmueble». «Si el titular lo pone, será», afirmó lacónico.

El guante lo recogió David Acera que preguntado por lo mismo, quién mandaba en La Madreña, encontró trapo para embestir: «Tengo la intuición», dijo ante la expectación del fiscal y antes de que el presidente de la Sala le cortara, -«no nos interesan las intuiciones»- que, «la vida diaria del centro la dirigía conjuntamente el pueblo de Oviedo», exclamó Acera, identificado por la Policía junto a Rubio cuando descargaban material para interpretar una obra de teatro en el centro.