«Firmé el contrato, pero él me dijo que íbamos a medias con el negocio»

Antes de abandonar el local, la acusada, B. M. T., habría puesto en venta por internet todo el mobiliario, electrodomésticos, maquinaria industrial, instalación, equipo musical y hasta el menaje. El 25 de octubre, compañeros hosteleros de la zona avisaron al propietario del inmueble de la presencia de un camión cargando mercancía del local. Ante esta situación, el dueño llamó a la policía que, al personarse en el establecimiento, se encontraron in situ con dos personas que aseguraban haber contactado con B. M. T. por internet para comprar ciertos objetos.

«Le alquilamos el local amueblado y nos lo ha devuelto vacío. Faltaban televisiones, cámaras, altavoces y hasta cámaras frigoríficas», relató el arrendador, quien negó rotundamente haber acordado con B. M. T. ser socios del negocio o repartirse las tareas. «Nuestra relación se limitaba a la de arrendador y arrendatario», afirmó J. M. M., propietario de varios negocios de hostelería en Oviedo.

La acusada, que había trabajado durante diez años para el arrendador en otro local, rechazó que el bar estuviese amueblado en un inicio, pese a que el contrato firmado así lo asegurase. «Le di 40.000 euros en mano tras haber solicitado el pago único del paro», agregó la acusada. Al no haber recuperado dicha cantidad y ver que el negocio hacía aguas de un día para otro, B. M. T. dio por hecho, según declaró ayer ante el juez, que los enseres del bar eran también de su propiedad: «Como yo también había invertido dinero en el local entendí que también eran míos», sostuvo.

Una versión radicalmente distinta a la que mantuvo ayer el propietario del establecimiento, quien rechazó haber recibido pago alguno por parte de la acusada, ni de 40.000 euros ni ningún otro. «La realidad fue que después del desahucio llegamos y todo estaba desvalijado», terció su mujer, V. M. G., quien intervino como testigo.

La Fiscalía pide para la hostelera un año y medio de prisión por apropiación indebida y el pago de 52.479 euros a los propietarios del local situado en La Corredoria. En un inicio, la acusación particular solicitaba por estos hechos cinco años de pena de prisión.