«Intentan justificar que con una mermada plantilla se puede cubrir el territorio»

Ayer, los colectivos contrarios volvieron a poner el grito en el cielo a través de un comunicado de prensa firmado conjuntamente por cinco de las siete asociaciones (Jucil, AUGC, UO, Asegc y APGC) y en el que quisieron «hacer público nuestro rechazo a la unificación». Esto, denunciaron, «porque de igual forma que en 2021, los motivos de esta decisión son caprichosos y alejados de la realidad social de Asturias». Para ellos, los efectos a corto plazo de la medida serán «la pérdida de agentes en el Principado, como ya se reconoció sin tapujos el pasado 12 de octubre», en referencia al discurso del coronel.

A su juicio, la adaptación orgánica a la nueva situación conllevará una amortización de vacantes, «lo que significa que aquellos puestos de trabajo que desaparecerán en el futuro estarán siendo ocupados por personal del cuerpo hasta que cambien de destino por cualquier motivo, desapareciendo justo a continuación». Su propuesta va en otra dirección, «que la plantilla de la Guardia Civil en Asturias se mantenga ya que, aun así, las necesidades de seguridad estarían escasamente cubiertas como para mantener las tasas de criminalidad y delincuencia en los parámetros actuales». La unificación de las comandancias, por tanto, criticaron, «no atiende a razones de seguridad ciudadana y sí a un intento de justificar que con una mermada plantilla se van a cubrir las necesidades operativas que requiere un territorio tan particular como el asturiano».

Por todo ello, solicitaron al Ministerio del Interior que enfoque la reforma estructural del cuerpo en Asturias «desde un punto de vista global». Es decir, «que comprenda la totalidad del mismo y no solamente el número de comandancias». A ese respecto, y al igual que ya hicieron el año pasado, adelantaron que llevarán a cabo un estudio pormenorizado de la cuestión «a fin de interponer los correspondientes recursos legales ante el Tribunal Supremo». El mismo que paralizó el primer intento.