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Susana Neira
Oviedo
Martes, 1 de octubre 2024, 12:20
El Pleno municipal habló esta mañana de dinero, de lo que saldrá del Ayuntamiento y de lo que ingresará el próximo año a cuenta de los ciudadanos. Entre los principales asuntos, la aprobación inicial de la ordenanza de tributos, precios públicos y prestaciones patrimoniales para ... 2025, que en la práctica supone que los ovetenses pagarán más el próximo año en los recibos del IBI (un 7,5% más de media), las tasas de recogida de residuos (un 80%), el recibo del agua (10%) o los servicios de conciliación (65%), entre otros.
La concejala de Economía, Leticia González, insistió en el mensaje lanzado en las últimas semanas. El equipo de gobierno busca así «un equilibro entre los ingresos y los gastos para mantener esos excelentes servicios públicos del Ayuntamiento de Oviedo» y para ofrecer el próximo año «el mayor gasto social de la historia». Según sus cifras, aumentará un 175% respecto a la época del tripartito, ya que alcanzará los 49 millones de euros en 2025.
En cuanto a esa actualización de las tasas, esperó que sea «temporal» para asumir esa subida generalizada de los costes, garantizó que revisarán a la baja el IBI cuando sea posible y, en concreto, aludió al «tasazo de la basura de (Pedro) Sánchez y que los ayuntamientos estamos obligados a repercutirlos a los ciudadanos».
Sin embargo, al equipo de gobierno le llovieron críticas desde la oposición, que votó en bloque en contra. El concejal socialista Javier Ballina reprochó que «Alfredo Canteli sube los impuestos a los ovetenses en contra de su programa electoral» y que esta subida generalizada «se explica con una mala gestión económica», mencionando la pérdida de fondos europeos, «invertir 5 millones de euros para regalársela a un fondo suizo por el Calatrava» o los sobrecostes en la obras. «Ahora lo que hacen es cuadrar las cuentas echando la mano al bolso a los vecinos», añadió al tiempo que negó que todo se justifique en el aumento del gasto social.
Las enmiendas socialistas, lamentó, han sido «laminadas» pese a que apostaba por mantener el tipo de IBI, aumentar el tipo del diferenciado, bonificaciones para aquellos que pongan viviendas en alquiler en el mercado o evitar una subida generalizada por la recogida de basuras sin tener en cuenta aquellos que sí reciclan bien.
Por su parte, la concejala de Vox, Sonsoles Peralta, acusó directamente al alcalde, Alfredo Canteli, de «fraude electoral» ya que su programa apostaba por rebajar los impuestos. Frente a esto sostuvo que «se está empobreciendo a las familias y empresas ovetenses» mientras se pierden fondos europeos o se registran sobrecostes en los contratos del Palacio de los Deportes y el Bulevar.
Desde IU-Convocatoria por Oviedo, su portavoz, Gaspar Llamazares, lamentó que la subida no sea progresiva ni proporcionada. «Quien más tiene debe pagar más y el problema no es solo esto, sino que es la gestión», indicó. Avanzó que ya se han sentado a hablar con el gobierno local y que su grupo apuesta por una política de vivienda, mejorar los servicios de las contratas y más trabajo social de cara a las cuentas del próximo año. «Eso es el intento de contribución de esta fuerza política que no está de acuerdo en la distribución de los impuestos», resumió.
Además de la aprobación inicial de las ordenanzas, la Corporación, con los votos de PP en mayoría, aprobó una modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito financiado con Remanente de Tesorería para destinar 800.000 euros al servicio de aguas, para la liquidación del contrato con Aqualia, y otros 46,4 millones de euros para amortizar deuda con los bancos. «Estamos aprobando reducir esa deuda y tener mayor capacidad de endeudamiento en caso de necesitarla para las inversiones que hemos previsto, siempre con el objetivo de crear actividad económica», explicó la concejala de Economía, Leticia González.
La votación de los grupos de la oposición se dividió. El concejal socialista Javier Ballina cuestionó no que se amortice deuda, sino que sea de préstamos para proyectos cuya ejecución apenas superó «el 20%». Por su parte, el concejal IU Alejandro Suárez cuestionó la falta de información por parte del gobierno local, especialmente de la liquidación del contrato con Aqualia, la concesionaria del servicio de aguas. «Me comprometo a tratar esa liquidación en la comisión para que todos los miembros la puedan valorar», le replicó el concejal de Planeamiento, Nacho Cuesta, que destacó que el grado de satisfacción de los vecinos con el servicio ronda el 90%. Vox votó a favor. La edil de este grupo Elena Figaredo explicó que su grupo entiende como positivo que se estén amortizando préstamos para poder cumplir con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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