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Los vecinos de las viviendas públicas del barrio de San Roque, en Anieves, llevan años siendo víctimas de constantes actos vandálicos y sufriendo episodios de okupación ilegal en los bloques de los números 30 y 32. La situación se ha vuelto insostenible. Tanto, que apenas ... son cuatro las familias que permanecen viviendo en los treinta pisos disponibles de uno de los edificios –suman sesenta viviendas entre los dos–, aunque alguna ya ha comenzado a hacer las maletas para abandonar el lugar de forma definitiva. ¿A qué se llevan enfrentando todos estos años? A una situación de inseguridad casi constante acrecentada por episodios concretos como el robo de las tuberías del gas del edificio el mismo día que la compañía los repone, y a la presencia de moradores indeseados que se meten en los pisos vacíos y si la propiedad tapia los accesos, los destrozan y vuelven a entrar. Llevan sin calefacción ni agua caliente desde octubre. El asunto llegó ayer a la Delegación del Gobierno. La voz de alarma la dio EL COMERCIO el pasado 8 de enero y la Administración actúa en consecuencia.
¿Qué? La Guardia Civil y la Policía Local reforzarán su presencia y la vigilancia en el barrio de San Roque.
¿Por qué? Los vecinos de las viviendas públicas de Anieves sufren desde hace años vandalismo y okupación.
Inadmisible. La Delegación del Gobierno sostiene que no se tolerará la impunidad de los delincuentes.
Fue a través de una reunión en la que participaron la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa; el consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico; el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, José Ramón Prado, y, entre otros, algunos de los altos mandos de la Policía Local y la Guardia Civil en la que se acordó que tanto la Benemérita como el servicio municipal reforzarán su presencia en Anieves para acabar de una vez por todas con los problemas en San Roque.
«Acabamos de celebrar una reunión en la delegación del Gobierno para analizar la situación de inseguridad que se está generando en torno a las viviendas públicas del barrio de San Roque de la localidad de Anieves». Las tres administraciones, explicó Delia Losa, «hemos decidido adoptar un conjunto de medidas, cada una en su ámbito de competencia, para hacer frente a esta situación». Es por esto, continuó la delegada del Gobierno, que la Guardia Civil y la Policía Local van a intensificar la presencia y la vigilancia en la zona. «Indudablemente, lo que no vamos a tolerar es la impunidad, y por eso vamos a tomar todas las medidas para garantizar la seguridad de los vecinos del barrio».
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La situación, denunciada por la propietaria de una de las viviendas, que mantiene cedida a una familia de refugiados cubanos con dos hijos, uno de ellos bebé –a los que ha animado a solicitar otra vivienda al Principado–, es insostenible. «Los okupas y los vándalos han convertido esto en el Bronx de Oviedo y aquí ya no se puede vivir», manifestaba hace escasas semanas.
El asunto levantó polvareda rápidamente porque entre las críticas de los vecinos pesaban como una losa denuncias como que «llevamos así más de seis años y no nos dan ninguna alternativa, a esta zona la han dejado morir porque se han olvidado de ella»; y que Vipasa, «en lugar de solucionar el problema, ha ido derivando a la gente a otros lugares».
Desde el órgano concertaron de urgencia una reunión con los vecinos de Anieves para tratar el problema y sus posibles soluciones que estuvo presidida por el director general de Vivienda, David Sánchez. Este propuso medidas como la instalación de cámaras de videovigilancia tanto en el interior como en el exterior del edificio o el realojamiento de los vecinos para realizar una rehabilitación de las viviendas, y recordó que el Principado ha reservado 2,5 millones del Presupuesto para la mejora de viviendas públicas en la región.
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