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J. C. A.
Lunes, 4 de febrero 2019, 01:32
El plan Urban, el anterior paquete de financiación al que se acogió Oviedo para actuar también en la zona norte de la ciudad no acabó bien. De los casi 12 millones que se recibieron en forma de ayuda se aprovecharon siete. El Ayuntamiento perdió 1,6 millones de euros que iban dirigidos a un vivero de empresas tecnológicas en Ventanielles que se quedó solo en un solar excavado, otros más de 200.000 euros se perdieron por subcontrataciones irregulares con Star Up e Impact 5 de programas de apoyo a las empresas de la zona y tiene en riesgo otros 2,8 millones; los del mercado de La Corredoria.
El proyecto aún se encuentra en el aire y el equipo de gobierno pelea por dar uso a la dotación para no tener que devolver el 80% de la ayuda. Las obras de la plaza de abastos se pusieron en marcha en el verano de 2010, con el Partido Popular al frente del Consistorio, pero el proceso fue todo menos fructífero. La construcción se paralizó en una ocasión al no tener en propiedad parte del solar donde se iban a construir los accesos.
Una vez solucionado, el Ayuntamiento fue incapaz de abrirlo. Las empresas interesadas no reunían las condiciones exigidas en los pliegos de contratación y en marzo de 2017 finalizó el plazo para que comenzara la actividad y justificar las ayudas ante la UE. Hubo una nueva licitación, pero tampoco. Sobre la mesa, ahora, está la posibilidad de rematar las obras del edificio con un programa del plan de empleo.
Un camino mucho peor fue el que siguió el vivero de empresas de Ventanielles. La constructora Los Álamos solo ejecutó, antes de paralizar de forma unilateral los trabajos y exigir un modificado del contrato, el 4,7% de la obra en cinco meses de los doce programados.Se emplearon solo 2.137 horas de trabajo de las casi 45.000 previstas para levantar el vivero.El Ayuntamiento inició la resolución del contrato por causas imputables al contratista y aspiraba a solicitar daños y perjuicios a Los Álamos.
El Consejo Consultivo, sin embargo, dictaminó que no podrá hacerlo. Sostiene que el Ayuntamiento era conocedor de los defectos del proyecto y que no cuantificó en la resolución qué parte de la obra era ejecutable antes de tropezar con esos fallos.
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