La Fiscalía pide la inhabilitación del anterior equipo de gobierno por el Mercáu de Gascona

El escrito de acusación provisional, presentado en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Oviedo, llega después de que la causa fuese archivada por la jueza y reabierta por orden de instancias superiores hasta en dos ocasiones. El Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación del que responderían todos los acusados en concepto de coautores. A López le siguen Ana Taboada, Rubén Rosón, Ignacio Fernández del Páramo, y Mercedes González, de Somos Oviedo; Ricardo Fernández, Marisa Ponga y Ana Rivas, del PSOE; y Roberto Sánchez Ramos, 'Rivi', e Iván Álvarez, de IU.

En ese sentido, la Fiscalía entiende que el 2 de marzo de 2018 los acusados acordaron por unanimidad en la junta de gobierno autorizar a la Asociación de Hosteleros de Gascona la ocupación de la calle para celebrar un mercado de productos asturianos el primer domingo de cada mes, y que lo hicieron, en todo caso pese a que era contrario a las ordenanzas de ocupación de espacios públicos y venta ambulante.

López y sus concejales de gobierno tomaron esta decisión «atendiendo a su mera voluntad personal, con pleno conocimiento de actuar al margen de la legalidad y en contra de los informes técnicos que figuraban en el expediente administrativo, todos ellos contrarios a la autorización», reza el escrito de acusación. Además, continúa, lo hicieron «sin motivar mínimamente la razón que les llevaba a concederla y sin otro fundamento que el designio inevitable de los acusados de autorizar a toda costa el evento, comprometiendo con ello seriamente los intereses de terceros, incluso la seguridad pública», sentencia.

La cuestión en sí misma no es baladí, la petición del Ministerio Fiscal implica la pérdida de la condición de concejal para los seis acusados que aún ocupan un cargo representativo en el municipio, así como la posibilidad de concurrir a ningún tipo de elección o ser nombrado para puesto representativo, ejecutivo o gestor por una autoridad pública durante nueve años. Por estatutos de sus partidos, en teoría, también tendrían que dimitir en caso de que se abriese juicio oral.

En esta tesitura, desde el Grupo Municipal Socialista declinaron ayer hacer cualquier tipo de declaración. No así desde Somos, que aseguraron no haber recibido aún el escrito de la Fiscalía por el cauce pertinente. En cualquier caso, afirmaron que «el mercado venía organizándose con total normalidad desde 2012» y que «la situación actual forma parte de la estrategia de persecución al anterior gobierno desarrollada por el despacho de abogados del PP, en una utilización partidista de la justicia». «Volveremos a dar las explicaciones oportunas en sede judicial y estamos convencidos de que todo quedará convenientemente aclarado», sentenciaron.

Un grupo de residentes de la calle, reunidos bajo la Asociación de Vecinos de Gascona e Indalecio Prieto, fueron los que decidieron llevar a los tribunales todas las actividades que los hosteleros habían celebrado en el Bulevar de la Sidra durante todo el 2018. De hecho, presentaron dos asuntos por la vía Contencioso-Administrativa contra la Preba y el mercáu. Del primer caso, el TSJA refrendó su legalidad; el segundo, por su parte, terminó en octubre con diez concejales del Ayuntamiento prestando declaración y con la insidiosa sombra de las palabras «prevaricación», «malversación», «fraude» y «tráfico de influencias» sobre la mesa.