«Vamos a seguir luchando hasta que haya justicia», dice la viuda de Eloy Palacio

Los duros términos de la sentencia sorprendieron a la familia, a los compañeros del fallecido y a varios letrados consultados por este diario. En los términos en los que está redactada, si existe como dice una 'clara imprudencia temeraria', la familia podría no tener derecho si quiera a los 18.000 euros del seguro municipal e incluso podría haber responsabilidades, señaló un abogado de la administración y especialista en laboral. La jurisprudencia, añadió, «tiene a considerar la imprudencia temeraria como una tal gravedad que notoriamente revele la ausencia de la más elemental precaución' o que sea 'inmotivada, caprichosa o consciente exposición a un peligro cierto'».

Para la familia del bombero fallecido, además de añadir nuevo «sufrimiento», supone una decepción más: «Presentamos la demanda en el Juzgado de lo Social porque creíamos que tienden a defender a los trabajadores, sin embargo, la sentencia es aún más dura que las anteriores. Antes decían que el accidente se debió a un exceso de celo de Eloy y ahora añaden que fue una imprudencia temeraria», declaró ayer Marta Valle.

La viuda de Eloy Palacio insistió en que «en el incendio de Uría se produjeron una serie de negligencias», pero, al final, parece que el culpable de ellas es su marido. «¿Por qué si la jueza reconoce una serie de negligencias en la sentencia, no se las atribuye a nadie?», se preguntó. «Eloy fue al incendio de forma voluntaria y nadie cree que desobedeciese a los mandos», destacó, y recordó que la declaración del intendente del servicio Luis Díaz Montes «ha cambiado en todo este tiempo. Primero dijo que a ambos les dio la orden de que no bajasen de la cesta. Cuando 'Cuni' se recuperó y testificó, cambió la versión de los hechos y dijo que solo le dio la orden a Eloy y durante el juicio no fue capaz de decir si cuando le dio la orden a Eloy de no bajarse de la cesta había allí alguien más».

El abogado de la familia, Francisco Pérez Platas, explicó que disponen de «cinco días para presentar el recurso de suplicación ante el TSJA y lo estamos preparando».

La familia reclamaba una indemnización de casi 230.000 euros, más la pérdida de ingresos para la familia y daños morales, unos 600.000 euros. Aunque hubo dos actos de conciliación y la Administración local llegó a ofrecer, según la familia, cerca de 200.000 euros, nunca se llegó a una acuerdo. El Ayuntamiento y la aseguradora exigían que se omitiese cualquier responsabilidad municipal -falta de dirección, de agua o de medios- para no alimentar las reclamaciones patrimoniales aún pendientes de los afectados por el fuego. La familia, sin embargo, quería que se reconociese la profesionalidad de Eloy Palacio y su correcto desempeño. Todo lo que llegó a atreverse a poner por escrito el Ayuntamiento fue que el fallecimiento se debió en exclusiva al «exceso de celo» del funcionario.

«La sentencia es indignante. Hace 30 años cuando prometimos el cargo, Antonio Masip nos dijo que 'teníamos que morir por los ciudadanos' y ahora Wenceslao López pide que también sufran nuestras familias», explicó un compañero de Eloy.