«El escenario de La Vega es más favorable pero no hay que precipitarse»

Auguró, eso sí, -sin saber aún quién estará al frente del Ministerio de Defensa cuando habló antes del Pleno-, que el cambio en Madrid allana el acuerdo para determinar qué parte revertirá a la ciudad: «Es evidente que el escenario es más favorable y por tanto, lo que antes estaba encarrilado ahora debería estar asegurado». En cualquier caso, reconoció que la negociación con los responsables populares, pese a la diferencia de color político, permitió avanzar hasta conseguir un proceso «muy maduro» cuyo siguiente paso era la firma del protocolo de actuación en Oviedo. Lo heredarán los sucesores.

No obstante, abundó en que las prisas para decidir el futuro y el reparto no pueden acompañar a un proceso «de envergadura, que no es un proyecto de dos días sino de años y donde hay que hacer bien las cosas» ya que «va a determinar el futuro de Oviedo como ciudad».

Horas antes, por la mañana, el concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo, había mandado otro mensaje: «Hay que ser diligente con La Vega y colocarse en primera línea de salida; el resto de ayuntamientos se está moviendo y es una cuestión de colocarse en primera línea de salida», azuzó el edil de Somos. Con el cambio de color en el Gobierno central, continuó, cree factible «que ya se pueda abrir» el recinto fabril para dotarlos de usos temporales, algo que el PP «no estaba por la labor».

El Estado y el Ayuntamiento deben de negociar un acuerdo global para unos terrenos sobre los que Defensa ha puesto precio a sus derechos, unos 32 millones de euros. Una cifra negociable, al igual que será lo que corresponde a la administración local. Por el momento, Madrid ha asumido que al menos 9.400 metros cuadrados pueden ser propiedad municipal, aunque el tripartito aspira a 20.000.

En este protocolo pendiente de firma, donde no se habla de dinero ni propiedad, uno de los primeros aspectos pactados entre los tres socios municipales es que el ministerio le permita el acceso al recinto para inventariar el estado de los inmuebles, algunos con importantes deterioros.

Eso permitiría la catalogación de los edificios con sus posibles usos compatibles y el grado de protección. Un trabajo que llevará un año hasta saber cuáles son susceptibles de derribo o reforma y que abriría un proceso de participación ciudadana, para posteriormente convocar un concurso de ideas para transformar la zona, lo que requerirá comenzar una larga tramitación urbanística.