El equipo de gobierno saca adelante unas tasas a la baja ante «un año complicado»

El debate fiscal es un asunto mayúsculo, aún con las limitaciones que la Ley de Haciendas Locales impone a la creatividad tributaria de los consistorios.

Cuesta defendió que el proyecto de ordenanzas tributarias reduce «la presión fiscal», en especial en el IBI diferenciado, cuyo tipo es «discriminatorio» y un lastre para la inversión de las empresas en el municipio.

En dos ejercicios, el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos ha rebajado el tipo que se aplica a los inmuebles de más de un millón de euros de valor catastral (242, en toda la ciudad), casi un 20% (un 15,6, este año y un 3,6 adicional el que viene). Se trata en opinión del concejal de Somos Oviedo, Rubén Rosón, de una injusticia. «¿Impuestos?: los justos, en el doble sentido, también en el de justicia», incidió. El edil recalcó que los gravámenes deben ser «progresivos» y que el IBI diferenciado, introducido el pasado mandato, hace «que paguen más, los que más tienen» y permite aliviar la carga fiscal al resto de contribuyentes.

Con la propuesta de PP y Ciudadanos, denunció el concejal de Somos Oviedo, «los grandes propietarios, pagan un 20% menos en dos años», mientras se rechazan sus enmiendas para dejar el tipo general de la Contribución en el 0,5 y rebajar además el 25% el coste de servicios como el agua, la ayuda a domicilio o las basuras.

Cada año, la mayor parte del debate tributario se centra en el IBI. Supone un tercio de los ingresos municipales (77 de 219 millones, este año) y, junto a la Viñeta (10,5 millones), el único ingreso estable. De ahí que Cuesta hiciese hincapié en la otra línea que guía la propuesta fiscal que se someterá al Pleno la semana que viene: «Que las reducciones fiscales nos permitan sostener los servicios públicos en un contexto presupuestario muy complicado».

El edil estimó que los ingresos municipales por la participación en los tributos del Estado «caerán un 10%» y, en paralelo, lo harán otros gravámenes municipales ligados a la actividad económica como el Impuesto de Construcciones, las licencias o la Plusvalía, que apenas había comenzado a recuperarse después de que los tribunales declarasen nula la aplicación del tributo y a la que los frenazos del mercado de la vivienda sientan especialmente mal. De hecho, la recaudación por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana estaba comportándose anormalmente bien para las arcas municipales. A 30 de junio, el Ayuntamiento ya había reconocido ingresos por 7,3 millones de los 7,7 previstos para todo el año.

Los ingresos son solo un lado de la balanza. El necesario para equilibrar «un año muy complicado», en el que el Ayuntamiento quiere mantener su «esfuerzo en apoyar la actividad económica y el empleo y los servicios sociales», lo que requerirá recursos presupuestarios, ya mermados «por el incremento de cargas, en muchos casos de competencias impropias, sin ningún apoyo de la Administración regional», expuso Cuesta.

La limpieza de los colegios y escuelas infantiles, los refuerzos de personal en comedores «son cosas que parece que no van con ellos, miran para otro lado». Solo el refuerzo de la higienización de colegios y guarderías se comerá un millón de euros extra el año que viene. Otro agujero en ciernes, el del transporte público, causado por la caída del número de usuarios, «nos va a generar un déficit suplementario muy importante el año que viene».

En ese escenario, incluso la criticada por la oposición rebaja del IBI diferenciado es menor, de un 3,6, casi idéntica a la del tipo general, de un 3,4%, que pagan los otros 115.000 bienes inmuebles sujetos al gravamen de la ciudad y escasa para la actualización de la ponencia de valores catastrales, que suma alrededor de un 5% anual al valor a efectos fiscales de los inmuebles de la ciudad hasta 2022. Todos, grandes y pequeños, pagarán un poco más. La oposición estimó que la subida real de los recibos será de alrededor del 1%.

El portavoz socialista, Wenceslao López, denunció que el equipo de gobierno no permitió el debate de las enmiendas, sino tan solo su votación, en una comisión que tildó de «caótica», en la que «PP y Ciudadanos tumbaron 22 de las 24» de las presentadas por su grupo. Solo admitieron las referidas al agua y alcantarillado. «Gracias a esas propuestas socialistas, los y las ovetenses no pagarán más por el agua y el saneamiento». López acusó al PP de «utilizar la fiscalidad para beneficiar a sus círculos de poder y olvidarse de ayudar a las familias». Se rebaja «un 25% la ocupación de suelo con terrazas», mientras se sube para el resto de negocios o mercados. López incluso señaló que los populares «impidieron» el voto favorable de Ciudadanos a algunas de sus enmiendas.

El concejal de Somos, Rubén Rosón, insistió en defender la «reforma fiscal» llevada a cabo en su mandato para que «paguen más los que más tienen» y reclamar «una rebaja generalizada» de impuestos y tasas municipales, frente a la propuesta de PP y Ciudadanos que solo reduce el precio público «del tenis y del pádel». «Los ovetenses pagarán más y tendrán menos: miles de becas de comedor menos, la destrucción del servicio de desayuno o la cooperación», resumió.

Tampoco salió convencida la portavoz de Vox, Cristina Coto que proponía mayores rebajas fiscales, con una bajada del tipo del IBI al 0,54 y exenciones para familias: «El 'rodillazo' del bipartito ha tumbado todas nuestras enmiendas», denunció. «Su tacañería con la reducción de impuestos es un lastre para la recuperación de ciudadanos, autónomos y emprendedores, en situaciones muy críticas por la crisis de la pandemia», afirmó la edil.