Destapan una red en Oviedo que defraudó más de 360.000 euros a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo

La 'Operación Trafalgar' se ha llevado a cabo de forma conjunta en Asturias, Alicante, Barcelona, Cáceres, Lugo, Madrid, Las Palmas y Valencia y a los investigados se les imputan delitos de fraude de cotizaciones y prestaciones y falsedad documental, ha informado la Policía Nacional este jueves.

La investigación policial ha permitido recuperar 84.559 euros, que han sido ingresados en la Tesorería General de la Seguridad Social.

El hombre al que se considera como principal autor de estos delitos fue detenido en Oviedo horas antes de coger un vuelo a Miami (Estados Unidos), donde planeaba establecer su residencia, según los investigadores.

Las primeras investigaciones se iniciaron al ser detectada una empresa de Oviedo que, hasta el año 2013, se dedicaba a la distribución nacional e internacional de alimentos y bebidas y que tenía contraída una deuda de 124.000 euros con la Seguridad Social al no abonar las cuotas de sus trabajadores.

El inicio de los impagos coincidió con la venta de la sociedad a un empresario cubano, quien le cambió el sentido de su objeto social para dedicarse, supuestamente, a las reformas y la construcción trasladando su actividad a la localidad de Ribadeo (Lugo).

La Policía sostiene que al frente de esta empresa figuraba el padre del empresario cubano, con la finalidad de ocultar su verdadera dirección.

La Inspección de Trabajo de Asturias pudo constatar que otras empresas del administrador de hecho de la primera empresa investigada cumplían con patrones similares respecto a la generación de deuda y su falta de actividad y contrataban a un gran volumen de ciudadanos de origen extranjero, pautas que suelen seguir las empresas denominadas ficticias.

Estas empresas, que no tenían un objeto social común, carecían de trabajos realizados de forma constatable y sus responsables no pudieron aportar facturas, ni siquiera la relación de clientes y proveedores desde finales de 2012, por lo que procedieron de oficio a anular las altas de 34 trabajadores, en su mayoría de origen cubano.

El examen de la documentación ha permitido demostrar que los trabajadores declarados con altas ficticias obtuvieron diversos beneficios conseguidos ilícitamente, de forma única o conjunta, como son la consecución de los permisos de residencia y el cobro de prestaciones de desempleo, añade el comunicado.

La Policía destapó así el caso de dos mujeres cubanas y nacionalizadas como españolas, que habían presentado un contrato de trabajo con las empresas ficticias para la obtención de la tarjeta de Residencia de Familiar Comunitario a favor de los que decían ser sus parejas y, al menos una de ellas, cobró indebidamente las prestaciones del SEPE.

La deuda a la Tesorería General de la Seguridad Social generada por las tres empresas ficticias investigadas fue de 155.612,95 euros, y el fraude cometido al Sepe se contabilizó por valor de 83.096 euros, aunque este organismo ya ha recuperado una parte.