Defensa reprogramará el 8x8 por los retrasos, pero Trubia ha cumplido su parte

Un encuentro con la ministra del ramo y la secretaria de Estado de Defensa en Madrid para dar cuenta del estado del programa y del que el Gobierno central no quiso dar cuenta. Todo, con la sombra de una posible sanción multimillonaria al consorcio por el incumplimiento de los plazos contractuales y una primera propuesta de Indra de entregar 200 unidades entre 2025 y 2026.

En su contexto, la producción del 8x8 Dragón arrancó en la fábrica de armas de Trubia en 2021; no obstante, el ministerio aún no ha recibido más que la siete primeras unidades del lote a finales de 2022. Estaba previsto que fuesen más de una treintena en 2023 y las 92 de este año, pero no llegaron.

Cada una de las cuatro empresas se encarga de una parte del blindado. Santa Bárbara tiene asignadas las tareas de producción de las barcazas y, al menos por ahora –hasta la construcción del futuro centro de Tess Defence en Asturias–, la integración final. El 8x8 es un blindado completamente nuevo diseñado sobre la base del Piraña V de SBS, lo que ha requerido un importante trabajo de investigación y desarrollo.

La villa cañonera ha cumplido su parte. El problema, la falta de otros sistemas que dependen del resto de firmas. La filial española de General Dynamics ha fabricado cerca de un centenar de barcazas. Tantas como requería el ministerio; sin embargo, la falta de dichos sistemas ha impedido su integración y entrega. Unidades del 8x8 en diferentes fases de fabricación que se empiezan a acumular tanto en Asturias, donde la empresa ha tenido que alquilar almacenes, como en Sevilla.

Es decir, de los dos cometidos, Santa Bárbara está alineado con los compromisos con Defensa en el primero y no puede completar el segundo por la falta de sistemas. Eso manifiestan las fuentes consultadas. Una coyuntura que también enreda el escenario de posibles multas, pues no todas las empresas estarían dispuestas a asumir el mismo nivel de culpa.

Igual de importante es la cuestión de que sea una empresa participada por el Estado la que lidere –desde hace menos de dos meses– el consorcio. Con ello, el ministerio toma un mayor control de los programas en marcha con las empresas de las que es cliente.