Defensa prevé la adjudicación directa del contrato del 8x8 a Santa Bárbara en verano

La noticia llega apenas dos semanas después de que la ministra asegurase en comisión que el encargo, el más cuantioso de la historia de las Fuerzas Armadas, iba «por buen camino» y que sería una «buena noticia para Asturias». Ahora, Robles, amparada en el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ha abierto un nuevo proceso de licitación que culminará en las próximas semanas con la presentación de una oferta por parte de la sociedad y pondrá fin a años de negociaciones y más de un contratiempo.

Nuevamente, y después de que a finales del pasado año 2019 la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) declarase desierto el contrato y sumiese al 8x8 en el mismo limbo en el que ya había estado casi una década, Defensa vuelve a tener un único interlocutor, íntegramente nacional, tras descartar llamar a las puertas de una gestora internacional (la OCCAR).

En ese sentido, la filial en España de General Dynamics, Indra, Sapa y Escribano, se ocuparán del suministro de las 348 unidades del novedoso blindado atendiendo a un presupuesto máximo de 2.083 millones de euros, se encargarán del mantenimiento y apoyo al ciclo de vida de los VCR (no inferior a cuarenta años) y de su comercialización internacional. Desde la firma del acuerdo del programa, los vehículos comenzarían a llegar en un plazo máximo de siete años.

La villa cañonera será el alfa de todo el proceso y Santa Bárbara la empresa matriz que ponga la base -la plataforma mejorada y modernizada del reputado Piranha 5- e integre los sistemas del resto de empresas. Sevilla será la omega.

Fuentes de Defensa explicaron que «el plan industrial de este programa va a tener efectos muy positivos en la economía nacional», con la creación de 650 puestos de trabajo directos y otros 1.000 indirectos entre Trubia, Sevilla, Madrid y Guipúzcoa. Solo la fábrica de armas sumará hasta un centenar de trabajadores a la plantilla.

Asimismo, fuentes de la sociedad manifestaron a través de una nota de prensa que «el programa generará propiedad industrial para la industria española y permitirá que se mantenga la soberanía nacional sobre un producto que representa una capacidad esencial» para la defensa del país, y «favorecerá una alta participación de la industria nacional en un porcentaje no inferior al 70%», añadieron desde el ministerio.