«Defensa tiene que entender que La Vega es un problema para todos»

Hubo que esperar, por fin, a que las novedades llegaran desde la fábrica hermana de La Vega -y viva- de Santa Bárbara en Trubia para que la ministra, Margarita Robles, y el alcalde, Alfredo Canteli, se citaran. El gobierno desbloqueó el techo de gasto para la modernización del armamento del Ejército de Tierra y la construcción del blindado 8x8 Dragón el pasado julio. Tras quedar desierto el contrato, el popular giró una carta a la socialista defendiendo los intereses de la factoría trubieca. De La Vega, todavía nada hasta que el pasado lunes se vieron y avanzaron la nueva fecha para iniciar las conversaciones.

Desde el Ayuntamiento se han ido lanzando globos sonda tras reuniones con el Principado o la Cámara de Comercio. Descartada la compra de los terrenos -idea que también comparte la entidad cameral, que apuesta por un modo de gestión consorciado de la fábrica-, Canteli avanzó su idea para la negociación: «Necesitamos 20.000 o 30.000 metros cuadrados para un recinto ferial y el resto que lo gestione Defensa». Todo porque «el ministerio tiene que comprender que La Vega es un problema. Tenemos que ir de la mano para solucionarlo».

Un problema con varias derivadas. La fábrica es un espacio muerto de 12 hectáreas en medio de la ciudad, susceptible de ser catalogado -de hecho está ya en el inventario de los cien elementos industriales más importantes del país- y un problema social en sintonía con lo que ha ocurrido en otros lugares del Principado tras la reconversión y extinción de las industrias de transformación en el último tercio del siglo pasado. «La Vega, Hunosa o Ensidesa son industrias de escala nacional cuya gestión del patrimonio no puede quedar en manos de los ayuntamientos porque no tienen capacidad para ello», explicaba el arquitecto José Ramón Fernández Molina.

A la resolución de ese «problema», al que se alude desde Alcaldía, Robles se mostró abierta a dar respuesta. «Ya he quedado con el alcalde», aseguró la ministra tras visitar la factoría de Trubia. «Tendremos una reunión para seguir trabajando y en ella trataremos de buscar respuestas y soluciones», sostuvo.

Contrasta, no obstante, la postura de Canteli para empezar de «cero» la negociación con la posición del ministerio. Robles indicó que los «trabajos» ya se «empezaron en su momento». Un apunte no menor cuando la negociación se prevé complicada. Defensa advirtió hace dos años que no puede revertir ninguno de los terrenos de la fábrica de La Vega al Ayuntamiento y que cualquier transacción sobre los mismos «ha de tener, en cumplimiento de la legislación vigente, un carácter oneroso». O lo que es lo mismo, solo cabe un alquiler o una compra, aunque sea de tan solo 30.000 metros. Si el anterior equipo de gobierno pretendía rebajar la tasación de los terrenos que consideraba errónea en cuanto a la calificación urbanística e introducir salvedades por las afecciones patrimoniales como la de Santullano, el actual equipo de gobierno pretende proponer un plan de actuación para poner en marcha los terrenos.

Canteli limita así sus aspiraciones por La Vega debido a lo que considera un «alto coste». «Oviedo no puede invertir 44,5 millones de euros en comprar La Vega». Una cuantía a la que habría que sumar la inversión en rehabilitación, adecuación y puesta en marcha de los terrenos abandonados desde 2012, y que el alcalde cifra entre 60 y 80 millones de euros. «Las consultas que tengo hechas para poner aquello en marcha nos hablan de entre 60 y 80 millones de euros, pero aunque sean 60, ya estamos hablando de más de 100 millones de euros», ha declarado en varias ocasiones.

Se plantea, entonces, un acuerdo a tres bandas sumando al Principado para que la ciudad obtenga un espacio lúdico y cultural. Un recinto ferial, en suma, de aproximadamente un cuarto de la superficie de La Vega. Un lugar donde poder realizar actividades, conciertos, celebrar exposiciones y que no entraría en conflicto con futuros usos industriales o de investigación puntera donde se pretende, también, involucrar a la Cámara de Comercio contando con el apoyo de la administración regional.

Tras la comisión de Urbanismo celebrada esta semana, el líder del socio de gobierno, Ciudadanos, y primer teniente de alcalde, Nacho Cuesta, subrayó que las tres administraciones deben «ir a una fórmula de consenso, de colaboración». ¿Cómo encajar la «idea» que manejan PP y Ciudadanos con las restricciones legales que plantea Defensa? Cuesta añadió que «si después otras administraciones tienen también previsiones de destinar algunos espacios a otros usos creo que el acuerdo será posible».

Fórmulas hay varias. Alquiler a un 6% anual sobre la tasación que se determine, permutas de terrenos, buscar un convenio como el logrado en la factoría de Hércules en A Coruña en la que la Universidad local abona 260.000 euros anuales a Defensa, o la creación de una sociedad pública que desarrolle el ámbito.

Desde el equipo de gobierno se hace hincapié en que las conversaciones con Robles las llevará Canteli en primera persona apoyado por Nacho Cuesta y exigen «discreción» frente a «filtraciones interesadas» que puedan llevar al traste el intento.

Todo lo anterior para un ámbito también afectado por los planes de Urbanismo para la reforma de la antigua autopista 'Y'. No solo es el recinto ferial y esos 30.000 metros. La Vega es una pieza más a encajar en los fondos EDUSI -tiene una partida destinada a participación ciudadana- y por ella se pretende desviar el tráfico para proteger San Julián de Los Prados. Desde el equipo de gobierno se sostiene que esta propuesta puede servir como un acicate más para contar con la colaboración del ministerio.