La contestación municipal a las reclamaciones de Uría se demora seis meses

A pesar de esta prórroga, la Administración local ha empezado a dar los primeros pasos para estudiar cada caso. El concejal encargado, el socialista Ricardo Fernández, ha nombrado un instructor y un secretario y ha «acumulado todas las reacciones bajo un mismo expediente», según explica el abogado Francisco Pérez Platas, que representa a la familia del bombero fallecido durante las labores de extinción, Eloy Palacio.

Asimimo, Miguel Teijelo, representante de la propiedad de Uría 58, añade que el Ayuntamiento les ha dado un plazo de «diez días» para que los reclamantes «propongan las pruebas que estimen pertinentes para la comprobación» de los hechos, en virtud de los cuales se dictará una resolución y en caso de que sea favorable se fijarán las indemnizaciones que las arcas municipales pagarán a los afectados.

Los afectados entregaron estas peticiones en abril, días antes de que se cumpliese el primer aniversario del trágico suceso. La ley establece que el Ayuntamiento tiene seis meses, prorrogables otros tantos, para responder a estas peticiones. Si no lo hace, los afectados pueden llevar el caso al Juzgado Contencioso-Administrativo y los jueces serán los encargados de dictaminar las indemnizaciones.

Algunas de las partes ya han dicho que no quieren abrir esta vía y que esperan llegar a un acuerdo. Sin embargo, temen que haya silencio administrativo y que no les quede más remedio que acudir a los juzgados de Llamaquique.