A. ARCE
OVIEDO.
Viernes, 13 de enero 2023, 01:53
El equipo de gobierno local, basándose en un informe sobre fiscalidad en la cesión de inmuebles encargado al catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad, José Pedreira, sostiene que ha encontrado una fórmula jurídica para llevar a cabo la operación del centro comercial ... del Calatrava. La intención del PP y Ciudadanos pasa por adquirir las dos plantas bajas del Modoo y evitar al nuevo propietario de la galería, el fondo de inversiones suizo Varia Structured Opportunities, el pago de hasta 2,2 millones de euros de los 3,3 que adeuda el edificio en concepto de IBI sin pagar. Para que algo así se ajuste a derecho -la administración local no puede aceptar una dación en pago de un edificio que no esté declarado BIC-, el Consistorio quiere articular la cesión bajo el paraguas de una donación con condición o modalidad onerosa y adquirir los 20.000 metros cuadrados en cuestión con la parte de la deuda que arrastran. Algo que, aunque posible sobre el papel, requiere que se produzcan unos condicionantes muy concretos. El principal, e ineludible, que el Ayuntamiento debe acreditar que la parte que se quedará vale más de lo que debe. Pero no solo un poco, sino que su valor debe ser «significativamente superior» a la deuda. De no ser así, estaría considerado como una permuta y no una adquisición gratuita.
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Ahí es donde empiezan las complicaciones. El informe inicial del catedrático, fechado el pasado 18 de mayo, expone que «el grupo de inmuebles objeto de cesión tiene un valor de tasación de 3.813.976 euros y un valor libre de cargas de 909.099 euros». Es decir, casi un tercio de la deuda. Es más, esto fue antes de que el fondo Varia se quedase con el edificio en dación en pago a la deuda que había adquirido con ellos la anterior gestora -Estabona- y tras fracasar dos intentos de subastar la galería, en los que esta había salido sin precio mínimo y tasada en 10,2 millones al completo. No obstante, la mayor puja recibida no llegó a 160.000.
En diciembre de 2020, la empresa Sociedad de Garantía Recíproca aceptó en dación en pago un inmueble de la firma en liquidación Formastur como pago por la deuda que esta había contraído con la anterior. Desde entonces, al no coincidir el sujeto pasivo con el titular catastral, el Ayuntamiento pasó el recibo del IBI de 2021 y 2022 a la empresa concursada. Ayer, y a través de una resolución de Alcaldía, el Consistorio anuló dichas liquidaciones, determinando que debe ser la empresa que se hizo con el inmueble gravado la que pague el correspondiente impuesto. Los fundamentos de derecho son similares a los que Recaudación aplicará al asunto del centro comercial del Calatrava.
Aun así. El Ayuntamiento, y así se lo ha trasladado a Pedreira -que ha redactado una adenda al primer informe-, cifra el valor de las dos plantas en 11 millones de euros. Aunque no vale con eso. El Consistorio deberá emitir un informe extenso y detallado sobre el valor de los bienes a recibir y sus cargas. Si no logra motivar que los bajos del Calatrava valen más que el montante millonario por el IBI impagado, «la disposición solo podrá aceptarse si concurren razones de interés público debidamente justificadas», resume el catedrático, parafraseando el artículo 21.3 de la ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
El tema tiende a lo enrevesado. Pedreira argumenta que la operación no se trata de una dación en pago porque «los inmuebles no se entregan para saldar una deuda tributaria de la sociedad propietaria de los mismos», ya que el fondo de inversiones pagará hasta 1,1 millones de la parte que corresponde al IBI de la tercera planta -en la que crearán una zona de ocio-.
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En todo este camino, la razón que ha venido esgrimiendo el gobierno local para motivar la operación radica en que, a su juicio, desde que el centro comercial del Calatrava cambió de titular ya no es posible cobrar la deuda que generó Estabona y que la pretendida es una forma de desenquistar el problema.
Lo es, pero no la única. Lo expone Pedreira en su primer informe cuando presenta la posibilidad de articular la adquisición como una donación «pura y simple» y no la modal -la escogida-. Con esto, el Consistorio podría aceptar la donación de las dos plantas bajas del centro comercial siempre y cuando el fondo de inversiones, de 5.000 millones de euros, reconociese la deuda que existe y se dispusiese a pagarla. Por esta vía podría acogerse a la Ley de Mecenazgo y favorecerse de exenciones fiscales en cuanto al pago del Impuesto de Sociedades, entre otros. Se trata, como explica Pedreira, de «la forma de cesión que presenta más ventajas fiscales». Con una donación modal el fondo no puede acceder a estos beneficios.
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En cuanto a quién debe pagar la cuenta, deja claro es que «las deudas pendientes por el IBI desde 2019 no pueden ser condonadas por el Ayuntamiento» y que, si bien es cierto que el sujeto pasivo de la deuda no concuerda con el actual propietario, al adquirir Varia el centro comercial, «las deudas por IBI reconocidas en el concurso perviven y se transmiten con los inmuebles, que ejercen una función de garantía, al existir una hipoteca legal sobre los mismos».
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