El Consistorio correrá con los gastos legales de los investigados de 'Enredadera'

Los dos investigados en la 'operación Enredadera', el excomisario José Manuel López, y el subinspector J. F. C. A, podrán beneficiarse de que el Consistorio corra con sus gastos de defensa. De hecho, la junta de gobierno ya lo ha autorizado para el subinspector y si no lo ha hecho con el que fuera su superior es porque López solicitó lo mismo pero para las diligencias previas instruidas por la retirada de una multa al coordinador de IU de Asturias, Ramón Argüelles. Abogacía Consistorial considera que el derecho a la asistencia letrada se limita «exclusivamente a los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional», mientras que la información previa o reservada es «un procedimiento administrativo» en el que no se genera «derecho de defensa».

En cambio, el subinspector pidió la cobertura para la causa que se investiga en el Juzgado Número 2 de Badalona, por lo que Abogacía razona en sentido contrario que estos gastos «deben ser asumidos inicialmente» por el Ayuntamiento. Inicialmente, porque es doctrina del Tribunal Supremo que tendrá que ser el funcionario el que los pague en caso de que se declare la existencia de responsabilidad criminal, porque entonces no podría entenderse que «la conducta realizada lo fuera en el ejercicio de la función pública, sino abusando de ella, en cuyo caso los gastos de defensa» serán en interés del funcionario.