Condenan a asistir a talleres educativos al menor que envió vídeos sexuales de una compañera

Siete meses de tareas socioeducativas dirigidas a trabajar la empatía, las relaciones de género y el uso responsable de los medios telemáticos, el pago de una indemnización de 3.000 euros y el decomiso del teléfono móvil. Esta es la pena que asumirá un menor por los delitos contra la integridad moral y pornografía infantil tras difundir imágenes de una compañera de clase.

Los hechos se remontan al verano de 2017. La joven, que por aquel entonces tenía quince años, envió a su entonces pareja, un hombre mayor de edad, un vídeo en una actitud sexual. Este guardó las imágenes durante un año, pero una vez rota la relación se las reenvió a un amigo, compañero de clase de ella, sin consentimiento expreso de la víctima, que está representada legalmente por la abogada Susana Fernández.

El menor difundió las imágenes a «al menos seis personas». Lo hizo entre el 31 de agosto y el 10 de noviembre del año pasado y, según la sentencia, el vídeo viralizó. Se difundió a través de varios grupos de Whatsapp y lo vieron alumnos de varios centros educativos de la ciudad.

La menor sintió una «gran angustia y sufrimiento» cuando se enteró de lo ocurrido. Fue para ella «especialmente humillante» que sus compañeros de colegio lo vieran y llegó a pedir a quien fuera su novio, receptor inicial de las imágenes, que mediase para que sus amigos lo borrasen.

Ellos no lo hicieron. El ahora condenado fue detenido por la Policía Nacional en el mismo colegio a principios de año. En su móvil tenía una aplicación cuya apariencia era «una calculadora». Tras introducir una «contraseña», aparecían «mil cuatrocientos vídeos». La mayoría, «pornográficos».

Entre ellos había «dieciocho archivos» en los que la víctima era la protagonista, quince de ellos eran fotografías. Él no tenían problema en enviar las imágenes, tal y como apunta la abogada, a quien quisiese; de hecho, una de las amigas de la menor, llegó a recibir las imágenes por «cinco sitios diferentes».

La víctima sufrió ante esta situación un «gran impacto emocional». Escuchó «comentarios despectivos que afectaron a su rendimiento escolar» y llegó a faltar a clase un trimestre: «Dejó de ir al colegio, no iba a exámenes, no salía de casa y se apartó de todo», según se especifica en el auto que podrá ser recurrido ante la Audiencia Provincial.

La víctima comentó lo que le estaba sucediendo a una profesora y después a sus progenitores. Estos interpusieron dos denuncias: una contra la expareja de la joven y otra contra el chico que envió a otras seis personas las imágenes. La abogada Susana Fernández está estudiando emprender ahora acciones legales contra estos últimos.

Este no es el único juicio que se celebrará al respecto. La víctima también ha interpuesto una demanda contra su expareja. La fecha de la vista aún no está fijada y Fernández ha pedido una ampliación de la prueba. La Fiscalía, mientras, ya ha emitido su calificación y le pide «dos años y tres meses» de cárcel por un delito de pornografía y otro contra la intimidad. La acusación particular apunta que los delitos pueden incrementarse.