La comisión de Aquagest aplaza el debate de conclusiones a noviembre

Eso sí, defendió el «rigor» del trabajo de la comisión y advirtió al PP que «no puede ocultar a Caunedo debajo de una alfombra». Sus conclusiones de la comisión le señalan como «responsable político de la devolución del aval (800.000 euros) a la empresa pese a la existencia de informes en contra».

La respuesta del PP fue contundente. Su portavoz adjunto, Gerardo Antuña acusó a la líder de Somos de hacer «tal papelón que hasta sus socios de gobierno manifiestan desconocer las conclusiones», que calificó como «las de Taboada, no las de la comisión. Ni siquiera el vicepresidente de la comisión era conocedor de las mismas». Un dictamen que, destacó, recoge los mismos argumentos con los que se pidió en el Pleno la apertura de la investigación, lo que hace pensar a su grupo que «ya las tenían escritas».

El vicepresidente del organismo y portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, insistió en la misma idea: las conclusiones son «las de la presidenta», no las de la comisión, cuya labor calificó de «incompleta» ya que solo se recogieron los testimonios de seis de los diecisiete comparecientes propuestos. Con esos límites, Pacho sostuvo que «no se puede esperar gran cosa, no va a aportar nada útil a la investigación ni a la instrucción del caso, ni ha respondido a las expectativas para las que, por lo menos por parte de Ciudadanos, fue creada».

Los socios de gobierno de Somos fueron los menos críticos. Tanto PSOE como IU destacaron lo extenso del documento de conclusiones propuesto por Taboada y «su complejidad», aunque sean tan solo 65 folios que resumen la documentación que se usó para la comisión y los testimonios. Ricardo Fernández (PSOE) habló de la necesidad de disponer más de más tiempo para estudiar la «voluminosa» propuesta de conclusiones sobre un asunto «de mucha complejidad» antes de fijar la posición de su grupo.

La concejala de IU, Cristina Pontón, sostuvo que solo ha podido hacer «una lectura general» del documento, pese a que fue puesto a disposición de los grupos el pasado día 19, y que, desde su punto de vista, requiere un «análisis en profundidad», motivo por el que también respaldó el aplazamiento.

Las conclusiones señalan a Caunedo y apuntan la coincidencia de sus viajes presuntamente pagados por la empresa con el cambio de criterio que llevó a devolver el aval, pero acaban por apuntar al interventor, también imputado en la causa, por haber propuesto un acuerdo con la empresa pese a que esta ya había perdido el juicio en Primera Instancia hacía cinco meses y pese a que él mismo, Tesorería y una consultora externa informaron en contra de la devolución.