Cien cámaras controlarán las entradas y salidas de vehículos a la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo

Todos los municipios con más de 50.000 habitantes están obligados a contar con una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que limite la circulación a los vehículos más contaminantes para cumplir con los objetivos medioambientales que establece la Ley del Cambio Climático. Oviedo cuadriplica esta cifra -suma 221.152 habitantes, según los últimos datos del padrón a 30 de septiembre- , y tiene hasta junio de 2025 para su implantación. El Ayuntamiento dio ayer los primeros pasos para su consecución tras aprobar la documentación en una reunión extraordinaria y urgente en la junta de gobierno celebrada el viernes.

Sacó a licitación dos contratos de tramitación urgente, valorados en 9,86 millones. El primero enfocado al suministro y colocación de todos los elementos necesarios, entre ellos está un centenar de cámaras de control de matrículas y diversas señales, para advertir a los conductores de las restricciones de la ZBE. Tiene un precio de licitación de 7,51 millones; el segundo, dividido en dos lotes, está dirigido a los trabajos de consultoría y control de las obras, con un presupuesto inicial de 2,35 millones.

Ambos han de ejecutarse en quince meses. A la administración local le corre prisa ponerlos en marcha. La capital asturiana consiguió en abril 7,38 millones de euros de fondos europeos para sufragar estos trabajos, que ascenderán a 9,93 millones de euros, y la orden ministerial es clara: en marzo debe de estar adjudicado el contrato para, después, ejecutar unas largas obras para instaurar una Zona de Bajas Emisiones que se dividirá en dos anillos.

El interior alberga la zona más comercial y turística del centro de la ciudad, abarcando gran parte de las calles con prioridad peatonal del Oviedo Antiguo y alcanza los 0,597 kilómetros cuadrados. Es allí donde se quiere crear lo que el alcalde, Alfredo Canteli, denomina «la gran plaza de Oviedo» permitiendo la unión de La Escandalera con el paseo de los Álamos. Los accesos al aparcamiento, por su parte, se alejarán ubicándose en la calle Marqués de Santa Cruz y la plaza del Carbayón, y esta última junto a Cabo Noval ejercerán de límite para los coches contaminantes.

El segundo anillo, denominado exterior, estará limitado por las rondas y suma un área de 1,82 kilómetros cuadrados.

En ambos anillos se instalarán un centenar de cámaras de lecturas de matrículas. 48 de ellas, según recogen los pliegos de contratación, se ubicarán en los puntos de acceso a la Zona de Bajas Emisiones; también se renovarán seis de las cámaras ya instaladas para controlar el tránsito de vehículos por las calles peatonales y a este último listado se añadirá otras doce. Asimismo, se colocarán dos sistemas de captura de imagen en los accesos a los cinco parking -Longoria Carbajal, Escandalera, San Miguel y los dos de Llamaquique- que hay en el centro de la ciudad y habrá otras 21 cámaras en las entradas al municipio. El centenar se alcanzará con tres dispositivos más de control de tráfico en la recta de Colloto, en la avenida de Europa y en Las Campas, según informa en la documentación.

¿Qué tipo de cámaras se usarán? El Ayuntamiento tiene muy clara la respuesta. Tienen que ser capaces de leer las matrículas traseras bien sean de vehículos pertenecientes a la UE así como de los países fronterizos y la imagen será de calidad para «captar la evidencia del lugar». Otro de los requisitos es que tengan una capacidad de almacenamiento de, al menos, 200.000 imágenes y deberá detectar coches que circulen desde los 0 hasta los 200 kilómetros por hora.

En caso de que se haya cometido una infracción, se generará de forma automática un fichero donde se incluirá la fecha y hora de la captura, la localización del punto de control, la matrícula capturada y el código de control. Su ubicación, además, está clara. Se instalarán en infraestructuras existentes como columnas, postes de alumbrado, banderolas, pórticos a una altura de «cuatro y cinco metros».

En cada uno de los puntos de acceso a la Zona de Bajas Emisiones habrá señales para indicar las restricciones como ya pasa, por ejemplo, en Madrid; y se prevé la instalación de veinte nuevos paneles luminosos para informar «de múltiples aspectos a la ciudadanía».

Otra de las novedades pasa por la creación de un centro inteligente de movilidad que se ubicará en la comisaría de la Policía Local de Rubín, donde será necesario hacer obras. Con los 7,51 millones de contrato se reservan diferentes partidas para la renovación del centro de control junto a la ampliación y adecuación de la salas técnicas, control de tráfico y de seguridad.