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J. C. A.
OVIEDO.
Martes, 27 de marzo 2018, 03:47
«Somos, y en particular el concejal Ignacio Fernández del Páramo, están haciendo de la cantera de Priorio un asunto de utilización política porque saben que no tiene otra solución que dar la razón a la empresa-Canteras Mecánicas Cárcaba- y al ... Principado», afirmó ayer Fernando Fernández Ladreda, concejal del PP ovetense, en una rueda de prensa en la que amenazó con llegar hasta los tribunales en el caso de que el edil de Urbanismo continúe transitando «un camino arbitrario injusto».
«No están en condiciones de señalar irregularidad alguna», prosiguió Fernández Ladreda para afirmar que «otra cosa es que a Del Páramo o a Ana Taboada no les guste lo que dicen los informes». El edil del PP, asimismo, solicitó a la candidatura de unidad popular que «deje de engañar a los vecinos porque las soluciones no están en la política», al tiempo que denunció que Taboada tiene «secuestrada» la información para que el resto de miembros de la Corporación «no puedan conocer los entresijos de los expedientes municipales».
Fernández Ladreda se atuvo al principio de legalidad cuando el concejal de Urbanismo deba tramitar la licencia de actividad. «No solo tendrán la espada de Damocles de la empresa, que ejercerá sus derechos sin contemplaciones», dijo, «sino que con sumo gusto acudiremos a los tribunales» al menor indicio de prevaricación.
Del Páramo «sabe que no tiene otra solución que dar la razón a la empresa, al Principado y a los propios servicios municipales que han dado todos los parabienes para la utilización de esta cantera como planta de aglomerado», remató el concejal del PP.
Lo cierto es que fue el propio Del Páramo quien alertó tanto a vecinos en una asamblea, como a la comisión de Urbanismo, de que no tendría más remedio de firmar la licencia una vez se hubiera cumplido toda la tramitación. Que no iba a desviarse de la legalidad. Otra cosa distinta es que el Ayuntamiento haya presentado un recurso de reposición o que los cinco grupos municipales, incluido el PP, aprobaran una moción el pasado Pleno en la que se comprometían a apoyar a los afectados por la industria extractiva y sus derivadas.
La Consejería de Industria tiene más de 300 de recursos de reposición interpuestos para solicitar un informe de impacto ambiental ordinario y, sobre todo, uno que cuente con la acumulación de industrias pesadas. En la misma parcela está proyectada otra planta de hormigón. Ayer, Roberto Carril, José María Estrada y Lucía Álvarez, de la plataforma de afectados, registraron sus alegaciones a las consultas ambientales para esta segunda, tercera con la cantera, explotación.
Del Páramo respondió al PP afirmando que «quien verdaderamente hizo un uso político de este asunto fue el Partido Popular, con un plan de canteras que permite este tipo de aberraciones en suelo municipal». El PGO, actualmente en revisión, incluye una legislación peculiar para este tipo de explotaciones. «En su día realizaron maniobras en contra del interés general de la ciudadanía, como asumir antiguas explotaciones e intercambiarlas con las empresas por terrenos explotables», indicó Del Páramo.
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