El bombero acusado de falso testimonio por el incendio de Uría declarará en mayo

Es la «baza» que jugará la familia de Eloy Palacio para intentar reabrir la vía penal. Una posibilidad cerrada hace tres años, cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 2, encargado de las diligencias del incendio, declaró el archivo de la causa argumentando que no se podía aplicar a los bomberos la Ley de Prevención de Riesgos Laborales cuando están trabajando en un siniestro.

Las esperanzas de la familia de Palacio residen ahora en poder demostrar que este inspector «mintió» en su declaración durante el juicio para esclarecer si el Ayuntamiento tuvo o no responsabilidad en la muerte del bombero durante la vista celebrada el 9 de marzo del año pasado en el Juzgado de los Social número 2, explicó ayer el abogado de la familia, Francisco Pérez Platas.

La tarea no será fácil. Probar que este inspector de Bomberos incurrió en falso testimonio puede reabrir la vía penal y también la social, pero atendiendo a los antecedentes no será un camino de rosas. Al archivo de la causa por vía penal hace tres años hay que sumar que el Juzgado de lo Social ya liberó al Ayuntamiento de responsabilidad alguna sobre la muerte del trabajador que falleció, según la jueza, por «desobediencia a la instrucción recibida y reiterada». La sentencia dejó a la viuda de Palacio y a sus dos hijos con tan solo la indemnización de 18.000 euros que prevé el Ayuntamiento para sus trabajadores fallecidos en actos de servicio.

Francisco Pérez Platas también explicó que estudiará las nuevas grabaciones que demuestran de «manera objetiva» la falta de agua durante los cuarenta y cinco primeros minutos del incendio. Unas imágenes recogidas por las cámaras de seguridad de tráfico ubicadas entre la calle Independencia y Fray Ceferino y que el representante legal del edificio de Melquíades Álvarez, colapsado durante el incendio, presentará junto a una reclamación judicial en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo dentro de dos semanas. «En principio, a nosotros no creemos que nos aporten nada por el hecho de que, según los tribunales, aunque no hubiera agua ni hidrantes, la decisión última de bajarse de la cesta fue de Eloy», abundó Pérez Platas. «Tenemos más confianza en que prospere nuestra demanda por falso testimonio», aseveró.

Las imágenes que pondrá sobre la mesa José Manuel Fernández González, el abogado de los propietarios del número 25 de Melquíades Álvarez, recogen cómo a las 12.08 del mediodía del 7 de abril de 2016, trece minutos después de que la centralita de Rubín recibiese el aviso de que salía humo de un edificio de Uría, aparece el primer camión cisterna de los bomberos, con capacidad para 3.000 litros de agua. Los efectivos engancharon a él tres líneas de agua; es decir, tres mangueras, capacitadas para lanzar 240 litros «a toda potencia» al minuto. Una sola manguera agota el agua en doce minutos pero tres lo hace en cuatro, por lo que no se podía utilizar todo el agua de la cuba a pleno rendimiento, argumentó el abogado. Los bomberos no tuvieron más remedio que regular y dosificar la cantidad utilizada para no gastar en cuatro minutos el agua del camión.

El problema se agravó con el ya conocido tema de los hidrantes. El día del incendio «no se usaron». O bien estaban inutilizados o bien no estaban señalizados, por lo que los efectivos no pudieron localizar su ubicación. El siguiente camión cisterna que llegó al incendio «se puso a funcionar a las 12.55 horas», explicó cuarenta y cinco minutos después de que lo hiciera el primer camión. En ese tiempo los bomberos luchaban por conseguir más agua. La opción desesperada de los efectivos fue conectar las mangueras a las bocas de riego, con presión insuficiente para apagar un fuego de las características del que asoló el edificio de Uría y de Melquíades Álvarez.

Estas nuevas grabaciones junto a la reclamación judicial pueden poner entre las cuerdas al Ayuntamiento, inmerso en proceso judicial por el tema de las reclamaciones patrimoniales de todos los afectados por el incendio de Uría, unas cuantías que se mueven entre los 3.000 y el casi millón de euros. Sin embargo el Ayuntamiento se agarra al informe del Consejo Consultivo que resolvió que el Consistorio no debería pagar a los propietarios de los edificios las cantidades solicitadas ya que las indemnizaciones percibidas por sus aseguradoras exceden del valor real de los inmuebles.