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D. LUMBRERAS / R. AGUDÍN
OVIEDO.
Sábado, 25 de noviembre 2017, 01:36
El Ayuntamiento no recurrirá el último varapalo judicial: la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que tumba, basándose en un «vicio» de forma, la ordenanza que establecía un IBI diferenciado para este año y que suponía un pago adicional de 3,3 ... millones de euros para 252 contribuyentes. «El IBI ya está liquidado, el periodo (de pago voluntario) se cerró el día 20 y si recurriésemos (y hubiese un nuevo fallo en contra) perjudicaría a los ciudadanos», argumentó ayer el alcalde, Wenceslao López. Sin embargo, avanzó, «el año que viene sí se aplicará el IBI diferenciado».
La oposición no le dio cuartel. El PP lamentó que el agujero en los ingresos, que se compensará con el remanente presupuestario, «somos todos los vecinos y lo vamos a pagar», en palabras de la concejala popular Cristina Fernández. En una comparecencia, recordó que su partido presentó «dos mociones constructivas» para que se avisase a los afectados por el nuevo IBI y se negociase con ellos, rechazadas. También consideró que recurrir la sentencia al Supremo sería «seguir alargando una agonía».
Recibo en mano, Fernández denunció que «hay vecinos que el año pasado estaban pagando 110 euros y que este año van a pagar 180», así como el «oscurantismo» municipal de no haber mandado a casa los recibos como «siempre». También quiso recordar -pero no animar, aclaró- que se puede recurrir la liquidación del pago en el plazo de un mes. La edil expuso además a los afectados no se les puede «pagar esos 3,3 millones de manera automática», lo que conllevará más pleitos.
Por su parte, Ciudadanos reclamó al alcalde que «ponga orden en su gobierno y exija a su concejal de Economía que dé marcha atrás en su plan kamikaze de volver a apliJucar el IBI diferenciado el año que viene, después de que lo hayan tumbado los tribunales».
Rosón replicó horas después a Fernández: «Pedimos al PP que deje de atacar a los funcionarios municipales. La no publicación es fruto de la cada vez más acuciante falta de personal. Los trabajadores me han pedido disculpas decenas de veces».
El conflicto comenzó el año pasado, cuando el concejal de Economía, Rubén Rosón, con el apoyo del resto del equipo de gobierno y las críticas de la oposición, decidió que no era justo que todos los contribuyentes pagasen el mismo IBI. A la mayoría le disminuyó el tipo del IBI del 0,679 % al 0,65, mientras que a las grandes propiedades se les aumentó al 1,3 %. Pero faltó una formalidad, que según la versión oficial fue por culpa de un error funcionarial: publicar la nueva ordenanza en un diario de gran circulación. Este ausencia ha supuesto su anulación judicial. Ahora se tramita la ordenanza de IBI de 2018, ya aprobada inicialmente.
Javier Junceda, abogado que representa a once de los catorce recurrentes de la ordenanza, se mostró contento por haber ganado, pero lamentó que la sentencia no entrase en el fondo de la cuestión: «La publicación forma parte de un elemento básico de las leyes sobre transparencia y participación ciudadana».
El letrado adelantó que «si el Ayuntamiento pretende» seguir adelante con la ordenanza para 2018 con el IBI diferenciado, «va a ser recurrida». Para el próximo año no se ha comenzado a aprobar «una nueva ordenanza, sino que se ha modificado la que se ha declarado nula. Cae por su propio peso que es nula una modificación de la norma que ha desaparecido». Reclamará asimismo la liquidación de los recibos «dentro del mes de plazo». Además, incidió en que «no hay objetivacion de quiénes son los ricos. Se exonera a determinadas tiendas de ropa frente a otras que se les grava de forma verdaderamente notable por cuestiones de centímetros».
El Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, por su sede, debía pagar el nuevo IBI. Fuentes de la institución precisaron que tras la ordenanza, «se solicitó la devolución de la liquidación» del recibo y que «se está analizando» la norma para 2018. También recurrió la anulada ordenanza la patronal de la construcción CAC-Asprocon, a petición de sus socios. Con los mismos argumentos de Junceda, su asesor jurídico, Félix Manteca, adelantó que «habrá que impugnar (la ordenanza) de este año».
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