El Ayuntamiento recaudó 76 millones por el IBI el año pasado, 28 más que en 2007

El inicio de la crisis inmobiliaria produjo un desplome de determinados ingresos de los ayuntamientos. En los impuestos indirectos, se resintió la participación municipal en el IVA y los gravámenes sobre el tabaco, el alcohol o la gasolina, pero también muy especialmente el propio Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). El año pasado rindieron 7 millones entre todos, prácticamente la mitad que los 13,25 que se ingresaron en 2007.

Los ingresos ligados a la actividad inmobiliaria y el ladrillo también se han desplomado en los últimos diez años. El año pasado, el Ayuntamiento logró 1,2 millones por alquileres y cánones de concesiones y apenas 50.000 vendiendo suelo. En 2007, con las crisis ya enseñando las orejas, los ingresos por venta de solares y aprovechamientos fueron 75 veces mayores, de 4 millones de euros.

Y en la misma línea se han resentido los ingresos por licencias urbanísticas o de primera ocupación y, en menor medida, las de actividad de nuevos negocios.

Ante esta reducción de los ingresos, el Estado podría haber optado por aumentar las transferencias a los ayuntamientos o habilitar líneas de créditos como el Fondo de Liquidez Autonómica, el famoso FLA de las autonomías en apuros. No lo hizo. Las transferencias corrientes, los dineros que recibe el Ayuntamiento de otras administraciones para financiar los servicios que presta, crecieron alrededor de un 10% al inicio de la crisis, al pasar de 45 a 50 millones de euros entre 2007 y 2008 para mantenerse constantes después hasta el año pasado (56 milloners), con la creación de nuevos programas de empleo, como el Fondo de Garantía Juvenil.

La solución fue aumentar el peso de los impuestos directos municipales en la cesta de ingresos. Las revisiones catastrales, como la de Oviedo de 2013, impulsaron la recaudación por el IBI. Dos datos, en 2007, el Ayuntamiento ingresó cerca de 48 millones por el IBI urbano y 57.000 euros por el rústico. En 2010, las cifras ya eran de 61 millones 'urbanos', por el alta de nuevas viviendas construidas en esos años de burbuja, y apenas 61.000 'rústicos' . En 2013, con la entrada en vigor de la revisión catastral, el IBI de los suelos urbanos aportó ya más de 71,3 millones de euros, pero, además, la contribución de los suelos no urbanizados dejó de ser anecdótica. Muchos de los calificados como urbanizables en 2006, empezaron a devengar ingresos crecientes. Hoy suponen 651.257 euros, diez veces más.

El mismo efecto se produjo en la Plusvalía. En 2007, rendía 9,6 millones y en 2017, pese a los problemas de su parcial anulación por el Constitucional, 11,3, solo que con menos de la mitad de transacciones, 1.473 frente a 3.608.

Entre lo uno y lo otro, lo que se llama autonomía fiscal, la suficiencia de los ingresos propios para hacer frente a los gastos ha crecido de forma notable esta década. El Ayuntamiento ingresó por impuestos y tasas por servicios cerca de 138,5 millones de euros en 2017. Si se resta la participación en los tributos estatales, salen 127,7 millones de euros, a razón de 567 euros por bolsillo carbayón.