El Ayuntamiento de Oviedo notifica las liquidaciones a los miembros de la junta de Loma del Canto

La mala noticia es que nada hace sospechar que el envío de las cartas con las liquidaciones varíe el fondo del asunto. Hace un dos meses largos, parte de los miembros de la junta de compensación, con su secretario al frente, el abogado Miguel Teijelo, fueron recibidos por el alcalde, Alfredo Canteli, y el concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta. «La sentencia hay que cumplirla, pero no hay dinero ni para notificar a los socios», explicaron después los junteros. Una semana más tarde, el concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta, habló del encuentro en el Pleno. Colocó al Ayuntamiento como «mediador» y aludió al «problema social» que podría causar tener que embargar a los socios de la junta de compensación. La veintena larga de los afectados aduce que no puede pagar y, en ese caso, el Supremo considera responsable a la administración expropiante. Para lo que toca, el Ayuntamiento.

Lo anterior coloca al Consistorio a las puertas de hacerse responsable de un negocio urbanístico ruinoso y de pagar hasta seis millones de euros por poco más de una hectárea de suelo en la falda del Naranco. «Una pequeña Villa Magdalena», lo llamó el portavoz socialista, Wenceslao López. Tal vez también porque no parece inocente: la junta de compensación votó, en abril de 2016, intentar endosar la expropiación al Ayuntamiento. Según consta en el acta de la reunión, a la que ha tenido acceso este diario, los junteros votaron en contra de las derramas para abonar el justiprecio. No consta que nadie hiciese alusiones a la imposibilidad de pagar. Sencillamente, votaron en contra.

En el debate se planteó intentar concursar la junta de compensación, pese a la oposición de la representación municipal. La administración concursal de Urvisa -la promotora que lideraba el ámbito hasta su quiebra- se opuso al pago, intentó declarar en concurso a la junta de compensación con «la finalidad de terminar la expropiación y trasladar al Ayuntamiento íntegramente la responsabilidad del pago del justiprecio», según reza el acta. La representación municipal se opuso y realizó distintas advertencias. El resto de miembros votaron en contra de cumplir la sentencia del TSJA. Incluso el Principado, en un gesto incomprensible, se abstuvo.

En realidad, pinta mal desde el inicio. En la revisión del PGOU de 2006, el Ayuntamiento dividió en dos unidades la actuación y premió con mucha más edificabilidad a Loma del Canto 1. Tanta, como para autorizar 600 viviendas sobre estos terrenos en la trasera del polideportivo de Vallobín, en plena falda del Naranco. Hubo denuncias de un posible 'pelotazo urbanístico' que la Fiscalía acabó por archivar.

Animados por las mejoradas expectativas de negocio, todos los propietarios de suelos, salvo una única familia, se sumaron a la junta de compensación que lideraba Urvisa. El primer justiprecio por la finca no adherida, de 1,8 millones, y el enfriamiento de la burbuja eran malas señales, pero en 2012 el Jurado Provincial de Expropiación casi duplicó el coste de los terrenos, hasta los 3,3 millones de euros. Urvisa, de hecho, algo debía saber, ya que justo un día antes de que el jurado notificase su tasación, pidió al Ayuntamiento que desistiese de la expropiación y trató de frenarla en los tribunales. La huida terminó en febrero de 2014: el TSJA ordenó seguir el procedimiento y Urvisa desapareció semanas después.

La espantada de esta dejó al resto frente a una deuda que ascendía a 3,25 millones de euros de principal, más casi otro millón en concepto de intereses y otros 1,27 millones como liquidación final de intereses, gastos y costas de ejecución. Hasta el momento solo han consignado su parte las administraciones: el Ayuntamiento, el Principado y la Sareb (el 'banco malo'), que se ha quedado los suelos de parte de las empresas quebradas. Al resto, el Ayuntamiento le ha mandado la liquidaciñón de su parte. Los miembros de una junta de compensación responden de forma solidaria: lo que no pague uno, lo tienen que pagar entre el resto. Por cada uno que no pague, sube la cuenta del resto. La situación puede ser peor. El TSJA puede acabar derivando la responsabilidad en el Ayuntamiento y dejarle seis millones de agujero.