El Ayuntamiento de Oviedo contrata el nuevo proyecto para tratar de recuperar los usos del Auditorio

La apuesta del equipo de gobierno por este enfoque prestacional supone abandonar el proyecto encargado el mandato pasado al arquitecto Adolfo César Díaz Rubio, que estimaba una inversión de 2,2 millones de euros y cuatro meses de trabajos para adecuar la sectorización, abrir nuevas salidas de emergencia y despejar recorridos de evacuación.

El concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, ha defendido que, con este nuevo diseño, las obras saldrán más baratas, pero no convence a los técnicos de Edificios y Patrimonio. En un informe, la adjunta a la jefatura del servicio se desmarca del nuevo enfoque y advierte de que los técnicos municipales «no van a poder pronunciarse sobre el cumplimiento normativo de las soluciones técnicas específicas de seguridad contra incendios que se deriven de este tipo de proyectos». O lo que es lo mismo, Edificios y Patrimonio no avalará que existan garantías de seguridad en el Auditorio si se sigue el «enfoque prestacional» que se pretende ahora.

El informe de la arquitecta recuerda los antecedentes de la actual situación. Las primeras alarmas saltaron en marzo de 2017. El plan de autoprotección del Auditorio, encargado a Premap, ponía en duda la seguridad del edificio después de diecisiete años en servicio sobre el antiguo depósito de aguas. Con discreción, el Ayuntamiento consultó de manera informal a varios arquitectos y expertos que confirmaron las apreciaciones del documento y coincidieron en que era necesaria una revisión más a fondo. El estudio se encargó a José Luis Pérez-Lozao y el dictamen de este alarmó a los técnicos. La jefa de la sección de Edificios urgió el cierre porque «no resulta posible continuar» con su uso, ante «el grave riesgo para la seguridad de los ocupantes del edificio».

Tras desvelar este diario las deficiencias en materia de protección contra incendios del edificio, el Ayuntamiento se vio obligado a limitar su uso a prácticamente la sala Principal y sus 1.500 butacas. La medida, junto a otras de prevención, permitió salvar los recitales del ciclo de Concierto del Auditorio y las Jornadas de Piano Luis Iberni, a costa de mantener más personal para posibles incidencias, cerrar las salas de ensayos y exposiciones, la cafetería, el vestíbulo o el restaurante. En agosto de 2018, Adolfo César Díaz Rubio entregó el proyecto para la adecuación del edificio a la normativa contra incendios. Los trabajos no serían sencillos ni baratos, su presupuesto pasaba de los 2,2 millones de euros, pero permitirían recuperar el uso conjunto de las salas principal y polivalente, con sus 2.200 butacas largas, bajo ciertas condiciones, y también el uso del vestíbulo para actividades.

Básicamente, la adecuación del Auditorio Príncipe Felipe a la normativa contraincendios y de seguridad -no a la actual, sino a la vigente en 1999, cuando se inauguró el edificio- se fundamentaba en la creación de nuevos sectores estancos a las llamas o el humo. La cafetería, la sala de exposiciones y, sobre todo, las escaleras serán convertidas en recintos protegidos para garantizar la evacuación. Junto con otras medidas, como la apertura de una doble salida de evacuación a la calle Faustino Roel a través de una escalera abierta que quedaba adosada al muro de mampostería del antiguo depósito de aguas de Pérez de la Sala, permitirá elevar el aforo máximo hasta 4.000 personas.

El proyecto contó con el visto bueno de la sección municipal de Edificios y Patrimonio, que inició el expediente para contratar las actuaciones en febrero de 2019. «Con la llegada de la nueva Corporación», el bipartito le pidió al servicio «que se analice la posibilidad de buscar soluciones alternativas» con «un nuevo diseño basado en prestaciones».

La falta de regulación sobre este enfoque inquieta a los funcionarios. Solo el artículo 5 del Código Técnico de Edificación hace referencia a ello, pero se limita a establecer que: se pueden adoptar soluciones alternativas «siempre que justifiquen documentalmente que el edificio proyectado cumple las exigencias básicas» y «sus prestaciones son, al menos, equivalentes a las que se obtendrían» cumpliendo la normativa». Con esa indefinición, es «difícilmente asumible por los técnicos municipales» comprobar la adecuación del proyecto a la normativa porque requiere conocimientos «altamente especializados en ingeniería de seguridad contra incendios». La supervisión de un proyecto así deja al técnico «en un escenario de gran indefinición, que le exige la asunción de muchas hipótesis y planteamientos subjetivos que implican una elevada carga de conocimiento, subjetividad y responsabilidad sin respaldo legal alguno», concluye la jefa del servicio municipal.

El informe no arredró al equipo de gobierno. Una vez formalizado el contrato, la empresa tendrá dos meses para presentar el estudio prestacional previo y una vez aceptado este por los técnicos municipales, otras diez semanas para presentar el proyecto de las obras con un calendario detallado para tratar de minimizar las afecciones a la actividad del Auditorio.