La Audiencia Provincial da carpetazo a la vía penal en la operación de 'los palacios' en Oviedo

La sección segunda de la Audiencia Provincial acaba de dar la razón al juzgado de Instrucción número 3 y desestima los recursos de apelación interpuestos por los grupos municipales de Somos e Izquierda Unida, aunque acepta parcialmente el interpuesto por los concejales socialistas Ana Rivas y Ricardo Fernández.

En sus escritos, presentados por separado tras la comisión de investigación abierta en el Ayuntamiento, las tres formaciones denunciaban que se habían cometido supuestamente siete delitos: malversación de caudales públicos, fraude, exacciones ilegales, falsedad documental, prevaricación administrativa, tráfico de influencias y prevaricación. Sin embargo, la jueza Covadonga Vázquez Llorens acaba de dar carpetazo a la vía penal al no apreciar ni uno solo de esos delitos. Descarta, por ejemplo, amiguismos en el contrato y no advierte ninguna «irregularidad clamorosa» en el acta de recepción de la obra, que dobló su presupuesto.

A lo largo de diecisiete páginas, la magistrada desmonta de forma compleja cada delito y también se queja de la falta de interés de los recurrentes durante estos últimos quince años. Argumenta que es «altamente significativo» que desde el 9 de enero de 2002, momento en el que se adjudicó el contrato a Jovellanos XXI, nadie haya impugnado el acuerdo a pesar de que, como dicen, observaran un delito de tráfico de influencias. «Dicen que el contrato fue dirigido para adjudicarlo a una persona determinada, que es Jovellanos XXI, y que esta sociedad se constituyó precisamente para tal fin». Sin embargo, falla que no hay indicios suficientes para acreditar que la en la adjudicación haya habido intereses «de amistad ni contactos o conexión de los socios (de la adjudicataria) con los funcionarios, alcalde o concejales para que dictaran las resoluciones que les beneficiaran».

Además, le extraña que no se interpusiese ninguna demanda cuando se conoció el sobrecoste en la construcción del Palacio de Congresos y Exposiciones: en el anteproyecto venía reflejado que el edificio costaría 46,99 millones de euros, pero en 2011 esta cantidad se duplicó hasta 96,12 millones de euros.

Por otro lado, la magistrada se muestra muy crítica con las acusaciones de los recurrentes antes la, dicen, falta de motivación de la sentencia emitida hace un año por el juzgado de Instrucción número 3. En ella se rechazaban las diligencias de los tres partidos y en los recursos subrayaron que se hizo una «valoración sesgada» del caso, pero «no se tiene que dar una respuesta pormenorizada» de cada una de las alegaciones presentadas, escribe.

Jarro de agua fría

Con este jarro de agua fría se pone fin a un proceso que comenzó por parte de la Fiscalía a petición de Izquierda Unida. El presidente de la comisión de investigación municipal, Roberto Sánchez Ramos, pidió al Ministerio Fiscal que actuase en este caso y en agosto de 2014 se incoó el expediente. Por el camino el Grupo Municipal Socialista puso una denuncia. Fue en noviembre de este mismo año, sin embargo nadie se personó en el proceso hasta que se dictó por parte del juzgado de Instrucción número 3 su archivo.

Esta decisión hizo reaccionar a los miembros de gobierno y presentaron tres recursos. Ahora han sido rechazados y las opciones de que Gabino de Lorenzo o Jaime Reinares fueran imputados penalmente en este caso se han disuelto con este auto de la Audiencia Provincial.