Los arquitectos piden reformular el plan de El Cristo para frenar «operaciones especulativas»

Así lo presentaron el pasado día 20 de este mes en el escrito de sugerencias al Documento Inicial Estratégico de la Revisión parcial del PGO de Oviedo en el área El Cristo-Buenavista frente a la consejería de Infraestructuras del Principado, promotora de la actuación. Tan solo dos días antes de la reunión de la comisión de seguimiento en la que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo, formado por PP y Ciudadanos, asumió, frente a lo expresado meses atrás -votaron en contra en el Pleno donde se dio incio a la tramintación- el citado documento.

El mismo día, a mayor abundamiento, en el que afloró lo que se ha venido a llamar «consenso» acerca de la necesidad de reagrupar las sedes judiciales dispersas en Llamaquique y el futuro traslado de las facultades del centro de la ciudad a El Cristo en una permuta de terrenos que el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, se cuidó mucho de alejar de cualquier tipo de recalificación: «No hace falta cambiar el planeamiento» en Llamaquique. Pero, a tenor del escrito del Colegio de Arquitectos no se puede desvincular de lo que vaya a ocurrir en el antiguo HUCA. Máxime, si entra en juego la Escuela de Minas y también su hipotético traslado de la calle Independencia que cotiza, según webs especializadas, a 1.500 euros el metro cuadrado construido.

Volviendo a El Cristo, el grupo de Urbanismo de Oviedo del Colegio de Arquitectos reniega de los 80.000 metros cuadrados de superficie reservados para usos residenciales así como de los 7.000 para usos comerciales por «ser terrenos de titularidad pública», por «la debilidad del mercado inmobiliario» y por la «inorportuna competencia con otras zonas más deseables y adecuadas» en la ciudad. «Ni se demandan ni se justifica ninguna necesidad de ubicar viviendas en este ámbito», reseñan evidenciando que tales planteamientos se desvían de los resultados del proceso participativo que dio origen al concurso de ideas en el que se impusieron los arquitectos Tur, Delgado y Cortizo con su anteproyecto 'Hucamp!: La campa de todos'. Asimismo, aducen que la propuesta de edificación residencial no se ajusta a los objetivos de la revisión del PGO en la que se decía que «dada la naturaleza de los terrenos, edificios e infraestructuras públicas, deberá primarse el carácter público de la actuación, evitando cualquier proceso especulativo».

En cuanto a la tesis de que las 800 viviendas planteadas -50% con algún tipo de protección pública- supone facilitar la financiación de la operación, también el Colegio se sitúa en las antípodas, sosteniendo que «el coste de la conversión de ese espacio en lo mejor y más conveniente para la ciudad, el concejo, el área central y el Principado debe abordarse con recursos públicos» porque el ámbito es un espacio de oportunidad y «como tal debe de ser tratado» solicitando que la propiedad no cambie de manos y siga siendo de «titularidad pública».

«De tal manera», continúa el escrito «que si hubiese cesiones para operaciones de carácter privado» tales como residencias de estudiantes o centros de investigación, debería formularse bajo cesión.

Todo el informe al trámite ambiental se une a las alegaciones ya presentadas contra el documento de prioridades incidiendo en que, «aparentemente», lo diseñado hasta la fecha «no garantiza el mejor cumplimiento de la norma como documento inicial estratégico», al carecer de un análisis comparativo entre las diferentes alternativas en cuanto al impacto ambiental.

Todo ello, coligen los arquitectos, conduciría a redactar un nuevo proyecto que se ajuste «a la coyuntura y la problemática actual, en la que conceptos como mitigación del cambio climático, equilibrio territorial, calidad del espacio público o derecho a una vivienda digna se revelen fundamentales».

Hasta dónde pueden tener alcance las aportaciones del Colegio de Arquitectos cuando las administraciones concernidas -Principado, Ayuntamiento, Seguridad Social y Policía Nacional- aceleraron la semana pasada y oportunamente Universidad y Tribunal Superior de Justicia lanzaron su propuesta, está por ver.

Sobre todo, porque su enmienda se centra en la reserva de usos lucrativos, pero sigue la línea de lo planteado por la Universidad. Ayer mismo, durante la celebración de Santo Tomás, el rector de la institución académica, Santiago García Granda, reiteró que «siempre se pensó que liberar terreno en El Cristo era una oportunidad espléndida para que se elabore un buen proyecto para un campus en Oviedo».

A ese punto de partida, García Granda, añadió que «habrá otros intereses y todo el mundo querrá opinar» abriendo la puerta, «ahora que la Justicia quiere tener sus instalaciones en Llamaquique», a «un proyecto modificado para que la Universidad pueda tener unas instalaciones dignas y se desarrolle un campus en Oviedo igual que se esta desarrollando en Gijón» donde concentrar todo el «potencial» investigador.

Y, si por un lado, lo planteado por los urbanistas coincide con la Universiad, por el otro, choca frontalmente con lo que sostiene, al menos, una parte de los residentes del barrio. La plataforma SOS Viejo Hospital defiende, en sus alegaciones, la necesidad de viviendas en el barrio para fijar usos y actividades 24 horas al día los siete días de la semana y, confrontando la idea de un «macrocampus».