Arias califica de «expolio» el acuerdo de cesión de los remanentes al estado central

El asunto es controvertido. El empleo de los remanentes de tesorería (casi 17.000 millones de euros acumulados por los consistorios desde 2012) es complejo, está supeditado al cumplimiento de la llamada 'Ley Montoro', aquella que trató de paliar las consecuencias de la anterior crisis congelando los excedentes recaudados y no ejecutados por los municipios, entre otras medidas restrictivas en el gasto.

Ayer, la FEMP y Hacienda, lograron desbloquear el uso de los remanentes a la inversa: De manera expansiva; para su disposición por parte del estado. A los ayuntamientos les corresponderán 5.000 millones mientras que el Gobierno se compromete a devolver los 10.000 millones de los que dispondrá, en los próximos 10 años.

Todo cuando, la gestión de lo público coloca a cada uno en el lugar que le corresponde y las cartas que tiene para jugar en cada momento. Durante los pasados mandatos, los gobiernos municipales de signo contrario al PP cargaron contra la citada Ley de Estabilidad. El tripartito, siguiendo la estela de Manuel Carmena, toreó las restricciones suplementando los presupuestos a mitad de año y abocando al Ayuntamiento a contraer planes económicos financieros por rebasar la regla de gasto con unas tasas de ejecución en inversiones irrisoria tras llegar a acuerdos de no disposición de ese mismo remanente. Esa es la otra derivada, el empleo de los excedentes en inversiones financieramente sostenibles estaba condicionada a proyectar, licitar y ejecutar en un mismo ejercicio: Algo que se reveló prácticamente imposible.

Con todo, Oviedo, antes del acuerdo, tendría este año cerca de 60 millones de euros para invertir. Su no disposición, indicó Arias es un «robo» de los ahorros municipales. «Es una decisión que se ha tomado sin respetar la autonomía municipal», criticó apuntado al PSOE de Oviedo como cómplice.