Antuña acusa al alcalde de coaccionar a la instructora de Villa Magdalena

Según declaró el primer edil en La Lupa de Canal 10 antes de ayer, las «gravísimas omisiones» en la expropiación, que han costado más de 45 millones de euros al Ayuntamiento, no pueden quedar «impunes» y «solo tienen dos salidas: la Fiscalía o el Tribunal de Cuentas», para lo que tratará de hacer ver a la instructora la existencia de esa responsabilidad patrimonial en sus alegaciones.

Antuña sostuvo ayer que las intenciones del alcalde no son más que maniobras para persistir en una cacería política que «se le ha torcido». Recordó que fue el propio regidor el que decidió impulsar el expediente y le acusó de haber sido quien señaló «a dedo» a quien en la Fundación Universidad debía hacer el informe previo y a quien en el Ayuntamiento debía instruir el expediente después, «y ni así consigue que el resultado sea el que desearía, pero como buen comisario, insiste».

«No le gusta lo que dijo el Tribunal de Cuentas, ni le gusta lo que dijo la responsable de la instrucción del expediente municipal y nos enteramos de que, en vez de hacer su trabajo, en los próximos días se va a dedicar a formular su propio informe propuesta de resolución para tratar de 'acotar el debate' y 'fijar el foco de la funcionaria'», denuncia Antuña, para quien «esto, en román paladino, se llama coaccionar a la técnico para que haga lo que no quiere hacer, porque ella está convencida, y así lo ha puesto ya por escrito, de que su criterio (al proponer el archivo del expediente) es correcto».

La funcionaria entiende en su informe, muy crítico con el trabajo previo de la Fundación Universidad de Oviedo, que con los límites propuestos, entre 1998 y 2008, y partiendo de que lo que se le pedía, según ella, no era investigar una responsabilidad patrimonial sino «una subespecie o subclase denominada responsabilidad contable», tal no existe, como ya dictaminó en dos ocasiones el Tribunal de Cuentas. La propuesta del regidor era investigar las posibles responsabilidades patrimoniales de los que fueron alcalde o concejales de Economía, Urbanismo y Presupuestos en ese periodo: Gabino de Lorenzo, Jaime Reinares, José Agustín Cuervas-Mons, Alicia Castro, Alberto Mortera y Agustín Iglesias Caunedo.

¿Quién lo va a firmar?

Antuña se pregunta quién va a firmar la nueva propuesta, porque está «seguro» de que ningún funcionario «va a prestarse a su juego de firmar lo que él quiera». Más teniendo en cuenta que el propio alcalde, destaca el portavoz adjunto del PP, «anuncia cuál ha de ser el final: 'la Fiscalía o el Tribunal de Cuentas'». Para el popular es «lo nunca visto», que, después de que una funcionaria proponga «dar por finalizado el procedimiento con el archivo definitivo del mismo sin encontrar ninguna responsabilidad», el alcalde insista «en presionar a la responsable de la instrucción sugiriéndole que cambie su criterio estampado por escrito en Firmadoc», la herramienta de administración digital.