«La administración no ha hecho los deberes con la inspección de edificios»

Sin listado municipal que ayude, queda en la diligencia de cada propietario o comunidad de estos, preocuparse por saber si tienen que contratar a un arquitecto o un aparejador para que revise organolépticamente, a simple vista, sus edificios. El coste por informe dependerá del tamaño de la comunidad y de la antigüedad del inmueble pero puede oscilar entre los 200 y los 2.500 euros, según los precios de otras comunidades que ya pusieron en marcha la revisión. Asturias, Oviedo en concreto, va tarde. Desde el último decreto de 2017, «calculamos que se tendrían que haber hecho 200 informes a la semana para llegar a tiempo», explicó Pérez-Lozao.

Ante preguntas de la audiencia el técnico del Colegio descartó la posibilidad de que el Principado prorrogue la fecha límite. Todo cuando, sin tener una ordenanza que desarrolle la normativa, tampoco existe un régimen sancionador.

Los edificios que pasen el examen tendrán diez años hasta que tengan que presentarse al siguiente. «Tampoco debería sorprender que haya muchos que no lo pasen», explicó Pérez-Lozao. Porque pese a ser una mera inspección ocular el técnico revisará la cimentación y la estructura, las fachadas, medianeras y cubiertas; suministro de agua y saneamiento y la instalación eléctrica.

Asimismo, el informe podrá ser desfavorable si el especialista no visita todas las dependencias y espacios comunes. También a preguntas del público calificó como un «problema» que, por ejemplo, haya un bajo desocupado de propietario desconocido o fallecido. «Lo que están haciendo es mandar un burofax a los herederos», aportó como solución. Porque para no pasar la revisión el técnico aducirá bien «defectos graves a simple vista», bien la explicada «negación a visitar zonas del edificio», bien la «sospecha fundada de vicios ocultos» en la construcción. Como antecedentes de este procedimiento citó Pérez-Lozao la obligatoriedad de presentar un certificado de eficiencia energética a la hora de vender viviendas o la aplicación de la ley de accesibilidad universal.

El Principado pretende, con la aplicación de esta ley, garantizar el deber de conservación de los edificios. Sin embargo, los de titularidad municipal están exentos. Por otro lado, no tener el certificado acarrearía responsabilidades civiles en caso de que se cause daños a terceros debidos al mal estado del inmueble.