ROSALÍA AGUDÍN
Jueves, 22 de junio 2017, 00:32
Al alcalde, Wenceslao López, no le ha extrañado ni un ápice que el delegado del gobierno, Gabino de Lorenzo, haya presentado alegaciones a la apertura del expediente de responsabilidad patrimonial por la gestión de la expropiación de Villa Magdalena. Dice que «era su obligación» responder al requerimiento iniciado y ve «normal» que intente paralizar su recorrido. Pero estas alegaciones, según su punto de vista, no tienen mucho futuro. Está convencido, al igual que sus compañeros de gobierno y de Ciudadanos, que los concejales señalados en el acuerdo de apertura del procedimiento, y entre los que se encuentra Jaime Reinares, Agustín Cuervas-Mons o Agustín Iglesias Caunedo, han tenido su parte de culpa y deben responder por ello. «Ha habido personas a cargo de las áreas de gobierno que han tenido la opción de actuar para evitar el incremento de valor y no lo han hecho. Mi obligación como regidor es, a la vista de los hechos, exigir que paguen».
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Defiende, también, que la junta de gobierno tiene potestad para iniciar este procedimiento, a pesar de que De Lorenzo señale en las 47 páginas de su escrito que solo el Pleno está capacitado para iniciar un trámite de estas características: «El alcalde, por sí solo, tiene autoridad para iniciar un procedimiento así, pero yo consideré conveniente contar con el apoyo de la junta de gobierno a nivel político».
Desde Somos, con su líder Ana Taboada a la cabeza, critican que en ningún momento se «entre en el fondo del asunto y no se explica por qué no consignó en su momento el valor de Villa Magdalena. «No es necesario esperar al justiprecio como dice él. Ahora, será la instructora la que tendrá que valorar las alegaciones».
Para Cristina Pontón (IU), la estrategia seguida por De Lorenzo es la misma que han usado sus compañeros de gobierno durante los últimos años. «Todos acaban diciendo que ellos no saben nada y yo no fui. Hubiese sido mejor que el tiempo que ha dedicado a la redacción de las alegaciones, lo hubiese dedicado a la consignación. Creo que Gabino está nervioso».
Pero lo que el equipo de gobierno aún no ha esclarecido, y es una de las dudas que Gabino de Lorenzo ha planteado en su escrito. es por qué se metió este asunto con carácter de urgencia en la junta de gobierno del 4 de mayo. Explica su representante y nuera, María Virgós, que en el acta de la junta de gobierno «no existe referencia alguna al carácter de premura que se le dio. Ni tampoco existe una reseña en el que se sostenga. Esta irregularidad, manifiesta la falta de transparencia en el acuerdo», sostiene.
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Ciudadanos
De la oposición solo Ciudadanos ha valorado el escrito de alegaciones de Gabido de Lorenzo. Su portavoz Luis Pacho apoya que el equipo de gobierno haya iniciado este trámite para buscar «claridad a un asunto que nos ha costado más de 60 millones de euros» y cree los responsables del incremento del justiprecio deben pagar por ello. «Lo que el exalcalde de Oviedo está haciendo es echar balones fuera y desviar la atención de lo fundamentar: que se diluciden las responsabilidades de una gestión que nos ha costado mucho».
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