De Lorenzo pide el «archivo definitivo» del expediente de Villa Magdalena

Un mes y medio ha tardado el exalcalde y delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo, en responder a la apertura del expendiente de responsabilidad patrimonial por el palacete de Villa Magdalena. Reclama su «archivo definitivo» alegando que tanto él como los exconcejales implicados -Jaime Reinares, Agustín Cuervas-Mons, Alberto Mortera o Agustín Iglesias Caunedo- obraron de forma adecuada basándose en que el propio Ayuntaminento cerró el expediente informativo abierto en 2010 y en el fallo del Tribunal de Cuentas. «Ya existen tres resoluciones sobre el mismo tema y siempre se ha fallado a favor de los actuantes», recuerda el popular.

De Lorenzo critica el fondo y las formas del actual equipo de gobierno. A lo largo de cuarenta y siete folios, denuncia «la incompetencia objetiva» de la junta de gobierno para iniciar este expendiente y atribuye al Pleno la decisión. Señala, también, que la actuación de los concejales de PSOE, Somos e Izquierda Unida es «favorable» a sus propios intereses y critica que el informe de Sindicatura de Cuentas, que denomina «carta magna» por el valor que se le ha dado desde el Consistorio y donde se justifica la «mala actuación» de los implicados, fue realizado por un exconcejal del PSOE a título «personal» y no como miembro de esta institución fiscalizadora.

Por tanto, el popular reclama, directamente, «la anulación» del acuerdo aprobado en la junta de gobierno, compuesta por ediles del PSOE, Somos e IU, el 4 de mayo. Denuncia la «incompetencia objetiva, absoluta y manifiesta» del equipo de gobierno para iniciar un proceso administrativo de este calado, donde exigen 45 millones de euros a los responsables de la expropiación de Villa Magdalena. Solo el Pleno puede, en su opinión, tomar tal decisión: «Es este órgano quien vela por la prevalencia de los intereses públicos y la incoación del procedimiento sobre la presunta responsabilidad patrimonial. Este atajo es favorable y cercano a los intereses del partido del actual regidor», interpreta.

No se explica, bajo este argumentario, cómo el equipo de gobierno se ha saltado este paso si en 2010 se inició una investigación para buscar responsabilidades patrimoniales sobre la retasación de la finca a estancias del Grupo Municipal Socialista y el concejal de Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda, y por aquel entonces se convocó el Pleno de carácter extraordinario.

También le extraña se abordar con carácter de urgencia en el orden del día del junta de gobierno del 4 de mayo sin un argumentario claro. «No existe ninguna referencia que justifique esta tramitación ni tampoco reseña al fundamento de derecho en el que se sostiene» la premura.

«No era previsible»

María Virgós, que representa a su suegro en esta causa, argumenta en el escrito presentado, basándose en las conclusiones previas del Tribunal de Cuentas, que en ningún momento era previsible el incremento de valor que sufrió Villa Magdalena a lo largo de los años y que el haber hecho en 1998 la consignación presupuestaria no hubiera evitado este problema. «La obligación de establecer el precio hace casi veinte años no hubiese evitado que el expropiado solicitase la retasación. Además, este procedimiento no es obligatorio hasta el momento en el que la decisión es firme. Es decir, asegura que hasta el 10 de mayo de 2016 no se tenía que haber hecho este procedimiento, ya que en este momento fue cuando el Tribunal Supremo emitió la decisión final.

Por otro lado, destaca que la imposición de una responsabilidad patrimonial a las seis personas implicadas supondría «un enriquecimiento injusto» para las arcas municipales. La justificación que da es que desde hace dos décadas es la Corporación municipal quien gestiona este inmueble -calificado por muchos como la biblioteca más cara del mundo- y también porque el propio Consistorio se «beneficiará del efecto financiero provocado por el transcurso del tiempo».

En el escrito que Gabino de Lorenzo entregó al Ayuntamiento, con fecha del lunes 19 de junio, alega que la contratación de la Fundación Universidad de Oviedo (FUO) para realizar el informe sobre Villa Magdalena careció de transparencia: «No hubo previamente un concurso de selección de candidaturas y ni siquiera la solicitud de más ofertas. Es decir, no se determinó en función de qué valores o requisitos se ha determinado el contrato» con esta institución, argumenta.

Hace especial hincapié en la labor de la catedrática de Derecho Administrativo María Rosario Alonso Ibañez, directora del estudio. De Lorenzo considera que carece de parcialidad, ya que durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ostentó el cargo de directora general de Urbanismo y Política del Suelo y pregunta si fue la Universidad de motu proprio la que decidió encomendarle esta labor o fue una orden del Ayuntamiento. «Este dictamen adolece de garantía objetiva dada la vinculación política de esta profesional y, ademas, se desconoce el método seguido para su adjudicación. Por todo ello, impugnamos este documento».

De igual forma, sostiene que la FUO no tiene capacidad legal para realizar un informe de esta envergadura y cree que deberían de haber sido los funcionarios de Abogacía Consistorial los que tendrían que haber hecho esta labor. «Esta es una institución sin ánimo de lucro, cuya misión consiste en dinamizar las relaciones entre el capital humano de la Universidad de Oviedo y el tejido empresarial. Lejos está de estas labores hacer informes jurídicos y echamos en falta, si quiera, un mero apunte o valoración» de los abogados que cada día representan al Ayuntamiento en los juzgados.

En este sentido, añade que si el equipo de gobierno no contó con ellos para este trámite es porque «sus consideraciones y conclusiones» podían no corresponder a lo «requerido por la Corporación local, siendo estos criterios necesarios para justificar el inicio de este informe». Además, critica que no se haya consultado al Consejo Consultivo del Principado de Asturias esta decisión.

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