Critica la «falta de transparencia» en la contratación del informe

En el escrito que Gabino de Lorenzo entregó al Ayuntamiento, con fecha del lunes 19 de junio, alega que la contratación de la Fundación Universidad de Oviedo (FUO) para realizar el informe sobre Villa Magdalena careció de transparencia: «No hubo previamente un concurso de selección de candidaturas y ni siquiera la solicitud de más ofertas. Es decir, no se determinó en función de qué valores o requisitos se ha determinado el contrato» con esta institución, argumenta.

Hace especial hincapié en la labor de la catedrática de Derecho Administrativo María Rosario Alonso Ibañez, directora del estudio. De Lorenzo considera que carece de parcialidad, ya que durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ostentó el cargo de directora general de Urbanismo y Política del Suelo y pregunta si fue la Universidad de motu proprio la que decidió encomendarle esta labor o fue una orden del Ayuntamiento. «Este dictamen adolece de garantía objetiva dada la vinculación política de esta profesional y, ademas, se desconoce el método seguido para su adjudicación. Por todo ello, impugnamos este documento».

De igual forma, sostiene que la FUO no tiene capacidad legal para realizar un informe de esta envergadura y cree que deberían de haber sido los funcionarios de Abogacía Consistorial los que tendrían que haber hecho esta labor. «Esta es una institución sin ánimo de lucro, cuya misión consiste en dinamizar las relaciones entre el capital humano de la Universidad de Oviedo y el tejido empresarial. Lejos está de estas labores hacer informes jurídicos y echamos en falta, si quiera, un mero apunte o valoración» de los abogados que cada día representan al Ayuntamiento en los juzgados.

En este sentido, añade que si el equipo de gobierno no contó con ellos para este trámite es porque «sus consideraciones y conclusiones» podían no corresponder a lo «requerido por la Corporación local, siendo estos criterios necesarios para justificar el inicio de este informe». Además, critica que no se haya consultado al Consejo Consultivo del Principado de Asturias esta decisión.