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SUSANA NEIRA
Lunes, 5 de junio 2017, 01:30
«Tiene clientes en el otro lado y no puede estar con una pata en cada sitio, en el Ayuntamiento y como asegurador de los inquilinos de los edificios afectados». Así justificó ayer el alcalde, Wenceslao López, la decisión de la aseguradora municipal de responsabilidad civil, Zurich, de renunciar al contrato. Una medida tomada a raíz del incendio en el número 58 de la calle Uría y el número 25 de Melquíades Álvarez, donde falleció el bombero Eloy Palacio y que causó pérdidas patrimoniales millonarias a las que el Ayuntamiento podría tener que hacer frente.
El socialista explicó así la decisión de la empresa, adelantada por este diario, de no prorrogar la póliza, algo a lo que tenía derecho tras la adjudicación en 2015 al adelantar a sus competidoras. El gobierno local dispone ahora de tres meses para sacar a licitación un nuevo contrato por 430.000 euros al año y un plazo de dos, prorrogables. El importe es un 33% más alto que el de la anterior adjudicación.
A pesar de esta renuncia, Zurich deberá responder, si así lo estiman los tribunales, a los pagos millonarios ya que era la aseguradora municipal de responsabilidad civil en el momento del incendio, comentó. El alcalde, en cualquier caso, explicó que la decisión de la empresa no está tomada a la ligera: habrá hecho números y «lo que ha decidido es ponerse al lado de los que no tienen nada que perder». Porque, añadió, no se debe olvidar que «las aseguradoras son un negocio de gran importancia, yo diría que forman parte del sistema financiero conjuntamente con los bancos».
Aún queda mucha batalla judicial para esclarecer el incendio con el que ardió el corazón de Oviedo en la mañana del 7 de abril del año pasado. Las últimas novedades llegan de la mano de la familia del funcionario municipal, que ha solicitado a la Audiencia Provincial la reapertura del caso por la vía penal. Lo pidió el pasado abril, justo al cumplirse el aniversario y apoyándose en un detallado informe de la Policía Científica con varias conclusiones de relevancia. Los agentes de la Jefatura Superior consideran que hubo «anomalías en el suministro; siendo la más relevante el hecho de que el hidrante más cercano al lugar del siniestro instalado en la acera, situado frente al hotel Favila, estuviese inaccesible por la falta de un mantenimiento adecuado» y esa falta de agua condicionó las labores de extinción pues no evitó la propagación. Hubo una «falta de supervisión adecuada» del operativo, «no se hizo una valoración adecuada del riesgo del colapso de la estructura» y se consideró «erróneamente que el peligro existente en el lugar había descendido». También, que tanto Palacio como su compañero Juan Carlos Fernández, 'Cuni', estaban tan agotados por el trabajo físico realizado y el estrés que no pensaban «con claridad» al asumir el riesgo innecesario de bajarse al forjado.
La jueza que ha llevado el caso, Simonet Quello Coto, coincidió con la Fiscalía en que este documento no aporta nuevos datos en la vía penal. La familia está ahora a la espera de la decisión de la Audiencia. El Ministerio público ya se ha posicionado, de nuevo, defendiendo que no hay novedades y por tanto, debería mantenerse cerrado.
Mientras tanto, sigue su causa la vía civil, lo que obligará a hilar fino para discernir entre la responsabilidad de la propiedad de las oficinas del edificio de Uría donde comenzó «de forma accidental» el fuego, y la discutida gestión municipal en las tareas de extinción. El Ayuntamiento ya ha recibido reclamaciones patrimoniales por el siniestro. Entre ellas, sin detallar cantidad, por parte de la familia de Palacio, así como de las propiedades de los inmuebles de ambas calles y los comercios afectados por el fuego, que en algunos casos tuvieron que cerrar durante semanas. En algunos casos, aún no han podido regresar. Ambos edificios se encuentran en la actualidad en fase de reconstrucción.
El gobierno local dispone hasta después del verano para contestar. Se da por hecho que el caso terminará en los tribunales.
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