El expediente de Villa Magdalena alcanza también a Alicia Castro Masaveu

Un nombre más para el expediente de responsabilidad patrimonial por los más de 45 millones de euros de perjuicio para las arcas municipales en la expropiación de Villa Magdalena, el de Alicia Castro Masaveu. La propuesta del alcalde, Wenceslao López, señalaba como responsables del 'agujero' al alcalde y a quienes fueron concejales de Economía, Urbanismo y Presupuestos, entre noviembre de 1998 y 2008. En una primera lista salían el hoy delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo; el portavoz municipal del PP, Agustín Iglesias Caunedo; y los exconcejales Jaime Reinares, José Agustín Cuervas-Mons y Alberto Mortera. Pero, entre 1998 y 1999, cuando dejó el Ayuntamiento, Castro Masaveu aún ostentaba la delegación de Gestión Urbanística.

La instructora del expediente, Mercedes Díaz Amodia, ya se lo ha notificado tanto a ella como al resto de implicados, según confirmaron fuentes municipales. Lo que abre de nuevo el plazo de quince días de estos para presentar alegaciones. El primer intento quedó en un arranque en falso. De Lorenzo presentó un escrito en el que denunciaba que se había vulnerado su derecho de defensa al ser notificado antes de que toda la documentación del expediente se pusiera a su disposición, por lo que hubo que reiniciar el procedimiento. Incluso la instructora intentó apartarse, alegando una relación con uno de los implicados. La junta de gobierno rechazó su causa de abstención.

Expediente

La apertura del expediente es consecuencia de un dictamen de la Fundación Universidad de Oviedo que señaló la existencia de negligencias graves o culposas en la gestión de la expropiación que causaron un daño a las arcas municipales de esos 45 millones. El informe también insinúa una acción concertada entre expropiado y expropiante y señala la falta de rigor técnico o de justificación de la expropiación.

Su apertura ha elevado la tensión entre los responsables señalados, con protagonismo especial de De Lorenzo y Mortera y el equipo de gobierno, pero la resolución será técnica. No deja de ser un expediente como el de una multa. La instructora hará las diligencias que estime oportunas y una propuesta de resolución señalando si hay o no y de quién son las responsabilidades por la mala gestión.

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