El Ayuntamiento incluye a Alicia Castro Masaveu en el expediente de Villa Magdalena aunque dejó de ser concejala en 1999

Un nombre más para el expediente de responsabilidad patrimonial por los más de 45 millones de euros de perjuicio para las arcas municipales en la expropiación de Villa Magdalena, el de Alicia Castro Masaveu. La propuesta del alcalde, Wenceslao López, señalaba como responsables del 'agujero' al alcalde y a quienes fueron concejales de Economía, Urbanismo y Presupuestos, entre noviembre de 1998 y 2008. En una primera lista salían el hoy delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo; el portavoz municipal del PP, Agustín Iglesias Caunedo; y los exconcejales Jaime Reinares, José Agustín Cuervas-Mons y Alberto Mortera. Pero, entre 1998 y 1999, cuando dejó el Ayuntamiento, Castro Masaveu aún ostentaba la delegación de Gestión Urbanística.

El nombre de la exconcejala y exdiputada sale de refilón de hecho. Desde las elecciones de 1996, Castro tenía escaño en Madrid y su actividad municipal se redujo. Aunque se mantuvo como segunda teniente de Alcaldía, la comisión de Urbanismo pasó a estar presidida por José Agustín Cuervas-Mons. Su abogado, Víctor Tartiere, mostró ayer su malestar con el hecho de que haya sido incluida en el expediente: En 1999 dejó el Ayuntamiento y el daño se produjo en 2000, al no consignar el justiprecio, cuando ya no era ni siquiera concejal. Es una maniobra política, denunció.

En el informe de la Fundación Universidad de Oviedo que llevó al alcalde, Wenceslao López, a abrir el expediente, el nombre de la exedil solo aparece dos veces en 200 páginas con citas de 1997 y 1998. Tal vez debería aparecer más, pero desde el otro lado. La familia Masaveu es la concesionaria del estacionamiento de La Escandalera que el Ayuntamiento y Comamsa metieron en aquel extraño convenio en el que para pagar la deuda, admitida por las dos partes de 30 millones de euros, se montaba una operación de más de 150 en la que los Masaveu perdían el aparcamiento y su hipotético derecho a ampliarlo en favor de Miguel Ángel Menéndez del Fueyo, que además obtenía todo el subsuelo en propiedad. El Ayuntamiento presionó, incluso con advertencias sobre medidas de seguridad, pero el convenio se cayó en los tribunales al primer recurso.

La instructora del expediente, Mercedes Díaz Amodia, sin embargo, no entra en detalles y ya ha notificado la apertura del expediente tanto a ella como al resto de implicados, según confirmaron fuentes municipales. Lo que abre de nuevo el plazo de quince días de estos para presentar alegaciones. El primer intento quedó en un arranque en falso. De Lorenzo presentó un escrito en el que denunciaba que se había vulnerado su derecho de defensa al ser notificado antes de que toda la documentación del expediente se pusiera a su disposición, por lo que hubo que reiniciar el procedimiento. Incluso la instructora intentó apartarse, alegando una relación con uno de los implicados. La junta de gobierno rechazó su causa de abstención.

La apertura del expediente es consecuencia de un dictamen de la Fundación Universidad de Oviedo que señaló la existencia de negligencias graves o culposas en la gestión de la expropiación que causaron un daño a las arcas municipales de esos 45 millones. El informe también insinúa una acción concertada entre expropiado y expropiante y señala la falta de rigor técnico o de justificación de la expropiación.

Su apertura ha elevado la tensión entre los responsables señalados, con protagonismo especial de De Lorenzo y Mortera y el equipo de gobierno, pero la resolución será técnica. No deja de ser un expediente como el de una multa. La instructora hará las diligencias que estime oportunas y una propuesta de resolución señalando si hay o no y de quién son las responsabilidades por la mala gestión.

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