El gobierno de Oviedo pide 45 millones de euros a los responsables de la expropiación de Villa Magdalena

Es un hecho poco conocido, pero en 1998, todos los concejales socialistas votaron a favor de la expropiación de Villa Magdalena. Lo hicieron pese a que su portavoz entonces, Álvaro Cuesta, advirtió en la sesión de la comisión de gobierno que la dirección general del Servicio Jurídico del Estado disponía de informes, que se ofreció a aportar, que calificaban «las transmisiones efectuadas sobre Villa Magdalena», entre sociedades de la familia Figaredo, como «negocios jurídicos simulados». Dos años después, el jurado de expropiación multiplicó por cuatro su precio, hasta los 11,8 millones. Casi 20 más tarde, el Ayuntamiento ha acabado por pagar 63 millones entre principal e intereses por el palacete y la finca.

La historia de la ruinosa expropiación es tan larga que ayer la rueda de prensa del equipo de gobierno (unido ante este tema) para anunciar la apertura de un expediente de responsabilidad patrimonial, a instancias de la Alcaldía, en el que el Ayuntamiento reclamará 45 millones de euros por daños, tenía aire de fin de ciclo. «Hasta aquí hemos podido llegar, hasta aquí hemos llegado», admitía el portavoz adjunto socialista, Ricardo Fernández.

El proceso tiene muchas incógnitas que conviene aclarar. Lo que ayer aprobó la junta de gobierno es abrir un expediente administrativo. Dos funcionarios, secretario e instructor elegidos por el turno rotatorio y cuya identidad el alcalde rechazó revelar hasta que el acta sea pública, deberán determinar a quién y en cuánta cuantía debe el Ayuntamiento reclamar el daño económico causado por la mala gestión de la expropiación de Villa Magdalena. Fuentes municipales indicaron que la instructora será Mercedes Díaz Amodia.

La propuesta del alcalde, Wenceslao López, aprobada ayer no da nombres: apunta al alcalde y concejales de Economía, Urbanismo y Presupuestos, entre noviembre de 1998 y 2008; entre el primer justiprecio que no consignó nunca el PP y el día en que se pagó. Con nombres, se trata del hoy delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo; del portavoz municipal del PP, Agustín Iglesias Caunedo; y de los exconcejales Jaime Reinares, José Agustín Cuervas-Mons y Alberto Mortera. Todos ellos deberán recibir una notificación del inicio del procedimiento y dispondrán de 15 días para formular alegaciones.

Esto, conviene insistir, es un expediente, como una multa de tráfico. Tras contestar a las alegaciónes, habrá una propuesta de resolución y un nuevo plazo para recursos. Después el expediente se cerrará y a los señalados iniciales y a los que se puedan añadir solo les quedará la vía del Contencioso.

Una decisión con riesgo

La portavoz de Somos Ana Taboada, el alcalde o la portavoz de IU, Cristina Pontón, lo recordaron: abrir el expediente es una obligación legal. El Ayuntamiento dispone desde el pasado mes de febrero de un informe de la Fundación Universidad de Oviedo que cifra entre 43,8 y 46,8 millones de euros «el perjuicio generado por el hecho de no haber consignado el justiprecio» inicial de 1998, pese a haber aprobado hacerlo el Gobierno del PP, presidido por Gabino de Lorenzo.

Un dinero, dijo la líder de Somos Oviedo, que «va a pagar toda la ciudadanía», o mejor que ya ha pagado, porque la semana pasada abonó los 32,8 millones pendientes gracias a un crédito del ICO y a la espera de la reclamación de Comamsa sobre los intereses. Un dinero, por el que «no podíamos dejar que se fueran de rositas», pero también un paso peligroso. Cuando el expediente salga del Ayuntamiento camino del Contencioso, la justicia podría voltear a la tortilla y dar con los ahora expedientados exigiendo daños en un futuro a los que ayer aprobaron el proceso. «Hasta aquí hemos podido llegar», como reiteró Ricardo Fernández.

El alcalde insistió en que este es un procedimiento «obligado» y «objetivo», que reúne toda la información relevante del expediente de la expropiación (2.107 folios), de la Sindicatura de Cuentas, del análisos de la Fundación Universidad de Oviedo y del expediente informativo que abrió el PP, en 2008, forzado por la oposición. «Cuando el PP abrió un expediente, lo instruyó una concejal de su propio partido, muy objetivo», ironizó Wenceslao López.

Aquel expediente no encontró responsabilidades, Villa Magdalena ni se pagó ni se consignó porque había otros gastos que atender que eran prioritarios. En 2008, pudo colar. Comamsa, después de una década sin cobrar, había obtenido el derecho a una nueva tasación, que pidió en abril de 2007 por 63 millones de euros solicitado una retasación, pero no había nuevo justiprecio y el Ayuntamiento discutía su derecho en los tribunales. En 2011, tampoco halló responsabilidad contable el Tribunal de Cuentas, pero tampoco el justiprecio era firme entonces.

El alcalde insistió en que el expediente figuran 66 «hechos relevantes objetivos», extractados de toda la información. Algunos se refieren a aquellos cambios de titularidad antes de la entrada en juego del Ayuntamiento, otros al alocado proceso expropiatorio y otros al papel jugado «por la oposición de izquierdad», que tanto PSOE como IU quisieron destacar por «sus años de lucha, comisión tras comisión y pleno tras pleno», realzó Cristina Pontón, portavoz de IU. De aquel voto a favor del PSOE, no se acordó nadie ayer.

Funcionarios

Tampoco del papel de los funcionarios. Wenceslao López sostuvo que la culpa o negligencia grave -los supuestos que dan lugar a la responsabilidad patrimonial- es de «quien no ejecutó el acuerdo» de consignar aquel justiprecio inicial, no de los funcionarios. Ni siquiera en la pobre y extraña justificación de acudir a la expropiación y frenar la modificación del PGOU en marcha, que dio el jefe de Urbanismo en tres días. Mediando un fin de semana, el de las fiestas de San Mateo de 1997 para más precisión. Tampoco del del área Económica que ordenó pagar el IVA por la expropiación, medio millón más para Comamsa, cuando la enajenación forzosa está exenta de tributos. Lo recordó el alcalde en la rueda de prensa, pero dio igual: «No vale que los políticos, cuando la hacen, se pongan tras los funcionarios para escudarse», insistió Wenceslao López.

A Díaz Amodia y al secretario del expediente les tocará sacar adelante el expediente en unos dos meses de plazo. Dos meses para poner en orden miles de folios de informes y analizar si existen más responsables del agujero de 45 millones. «Cuando hay hechos que implican negligencia o culpa grave estamos obligados a iniciar expediente de responsabilidad patrimonial», recalcó y habló de «la ingeniería especulativa e inmobiliaria que ha cargado sobre los ovetenses cerca de 60 millones de euros».

«Estoy persuadido y tengo datos para ello, de que estamos ante una operación de ingeniería financiera». La frase no es del alcalde ayer. La pronunció Álvaro Cuesta justo antes de votar a favor de la expropiación en 1998.

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