La Fiscalía ve «conclusiones personales» en el informe policíal del incendio de Uría

Al cumplirse el primer aniversario del incendio del 58 de la calle Uría, la Policía Científica presentó un detallado informe constatando deficiencias en la gestión del fuego del 7 de abril. La familia del bombero fallecido, Eloy Palacio, y el sindicato CSI se apoyaron en él -entre las conclusiones se estima que faltó agua, se produjo «una falta de supervisión», no se valoró adecuadamente el riesgo de colapso de la estructura y que tanto la víctima mortal como el agente herido, Juan Carlos Fernández, 'Cuni', estaban «agotados» cuando se bajaron de la cesta y se desplomó el inmueble-, para solicitar la reapertura del caso por vía penal. Doce días después, la Fiscalía rechazó la apertura. Ayer, se hicieron públicas las razones.

El fiscal delegado de Siniestralidad Laboral, Enrique Valdés-Solís Iglesias, en el folio y medio que ha remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, alega que las conclusiones de la Policía Científica sobre la gestión del operativo «no introducen ningún elemento adicional» y se basan no «en actuaciones periciales, sino de carácter personal». Es decir; cuestiona la objetividad policial a la hora de reconstruir las causas y cómo se abordó. «En ningún momento suple las alcanzadas por los juzgadores, máxima cuando no pueden nunca alcanzar la exhaustividad de la investigación penal, lo cual constituye una decisión de los órganos judiciales y no de los peritos», añade.

El Ministerio Público insiste en la «inexistencia de infracción penal» por tratarse de un fuego de origen accidental, donde a pesar del «defectuoso suministro de agua a través de hidrantes», no existe «ninguna relación de causalidad con el accidente laboral que dio lugar al fallecimiento del bombero», y que la decisión de bajarse de la cesta para atacar el fuego desde el edificio momentos antes del fatídico desplome se debió «a un exceso de confianza».

La magistrada Simonet Quelle Coto tiene ahora sobre la mesa varios documentos para decidir -se espera la notificación en los próximos días- si reabre el caso que archivó el pasado octubre, fallo respaldado por la Audiencia en enero, o mantiene archivada la causa por un supuesto delito penal contra el entonces jefe del Servicio de Extinción de Incendios de Oviedo (SEIS), el ahora jubilado José Manuel Torres, el inspector Luis Díaz Montes, y el subinspector José Puente Blanco. En su último fallo, el de hace tres meses, concluyó que ni la falta de agua, ni de personal, ni los fallos en el sistema de intercomunicaciones y en el brazo articulado resultaron desencadenantes en la muerte de Palacio y por tanto, rechazó la acusación por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y homicidio y lesiones por imprudencia.

Secundó así los informes de Prevención de Riesgos Laborales e Inspección de Trabajo, para quien «fue una decisión del trabajador bajarse de la cesta, no una distracción, y tampoco hubo orden que le pusiera en peligro; la decisión de bajarse de la cesta rompe el nexo de causalidad».

Distinta lectura

La versión sobre lo ocurrido a partir de las once y media de la mañana del 7 de abril de 2016, cuando un fallo eléctrico inició unas llamas en el 58 de Uría que se descontrolaron, pusieron en jaque el centro de Oviedo y provocaron, además del citado fallecimiento, la quema del número 25 de la calle Melquíades Álvarez, dista en función de quién lo valora.

Mientras la Justicia y los citados Prevención de Riesgos Laborales e Inspección de Riesgos Laborales determinan que fue un desafortunado episodio y que los dos bomberos decidieron bajarse voluntariamente, la familia de Eloy Palacio lleva más de un año luchando para encontrar responsabilidades penales. Tras ver cómo la Audiencia rechazaba su recurso al archivo por parte del Juzgado de Instrucción número 2, el último informe de la Policía Científica, de un centenar de folios, les sirvió como un nuevo punto de apoyo a su tesis. Su viuda, Marta Valle, en una carta publicada este domingo por EL COMERCIO, pidió a la jueza que reabriera la causa para solicitar nuevas diligencias y testimonios de más testigos, y reclamaba que se esclarezca «la imparcialidad» de una inspectora de Trabajo que, según sostiene, tiene una «presunta amistad con el jefe del servicio José Manuel Torres y un enfrentamiento con Miguel Ordónez, una de las partes personadas».

«Anomalías»

En sus conclusiones, la Científica considera que, si bien el incendio fue accidental, «la inspección realizada de los distintos puntos de suministro (hidrantes y bocas de riego) en el entorno del lugar del siniestro permitió comprobar varias anomalías» y los bomberos no contaron con agua suficiente en las fases iniciales del incendio para evitar la propagación del fuego; también, que hubo «una falta de supervisión del dispositivo» por parte de la jefatura»; que no se realizó una valoración adecuada del riesgo de colapso de la estructura, y que si bien Eloy Palacio y 'Cuni' tomaron «una decisión equivocada» al bajarse de la cesta del brazo articulado y tratar de apagar las llamas de un archivador desde el forjado, se debió «al agotamiento» debido al trabajo físico realizado y al estrés sufrido durante las labores de extinción. Llevaban cuatro horas sin ser relevados.