El equipo de gobierno de Oviedo abrirá un expediente para aclarar la concesión de las 'tarjetas blue'

Tras casi cuatro horas de comparecencias, la portavoz de IU, Cristina Pontón, sacó una conclusión: que lo de la Policía Local concediendo 'tarjetas blue' era «un sindiós». Es un resumen. Ricardo Fernández, concejal de Seguridad, habló de «versiones discrepantes» entre los funcionarios citados a declarar en la comisión de Atención a las Personas; en especial, sobre el alcance del permiso concedido al exalcalde, Agustín Iglesias Caunedo. El concejal de Ciudadanos Luis Zaragoza fue más preciso. Todos los funcionarios, salvo el comisario principal, José Manuel López, que la firmó, apuntaron a que «te autoriza a todo».

A la versión de López se agarró el PP para defender que el exalcalde, Agustín Iglesias Caunedo, no tuvo ningún privilegio. Gerardo Antuña insistió en que la declaración, ayer, del comisario principal es la que da certezas y «desmonta la sarta de mentiras del tripartito». La tarjeta, insistió, «no permitía aparcar (sin pagar) en zona azul», sino tan solo «circular para acceder a su despacho».

Antuña sostuvo que el «autorizado» que figura en la tarjeta de Caunedo «no es un permiso para todo, sino sólo para lo que pone en el encabezamiento, es decir, 'circular'», y añadió, aunque la tarjeta no lo pone, que «en este caso por una calle peatonal».

El portavoz adjunto del PP sostuvo que lo que está «claro» es que el concejal de Seguridad, «ese personaje tan siniestro mintió a todos los ovetenses». Antuña insistió en que se trata de «un montaje indecente» y exigió a Ricardo Fernández que pida perdón a Caunedo y después dimita. Y le acusó directamente de un delito de falsedad, al afirmar que el equipo de gobierno no acepta «un análisis forense de los ordenadores para saber quién y cuándo metió todos los datos manipulados por el concejal de Seguridad».

Todo, incluidos los exabruptos y ataques en el último Pleno, es una campaña «muy premeditada para intentar ocultar la evidente inutilidad política y personal del tripartito».

Pocas certezas

La dureza de los populares contrastó con las valoraciones prudentes del resto de los grupos. El concejal de Seguridad Ricardo Fernández anunció la apertura «formalmente» de un expediente «administrativo» para aclarar la concesión de estos permisos irregulares concedidos a magistrados, empresarios, mandos de Guardia Civil y Policía Nacional o concejales. Eso sí, con poco entusiasmo. Recalcó que no se trata de un expediente «sancionador», sino tan solo administrativo para recabar toda la información y que su intención es «no ir más allá, es el camino que tenemos».

Tampoco, la líder de Somos, Ana Taboada, cargó las tintas. De la tarjeta de Caunedo se limitó a señalar que hubo versiones contradictorias entre el comisario y el resto de funcionarios. También que la concesión de estas autorizaciones las hacía directamente la jefatura de la Policía Local, «tanto esta como la anterior», y con «criterios arbitrarios», incluidos algunos que «no estaban amparados por la norma».

Respuestas ambiguas

Los concejales estuvieron preguntando durante más de tres horas y media a los comparecientes. Hubo contradicciones, versiones discrepantes y respuestas ambiguas. Caunedo ha defendido que él no solicitó ninguna tarjeta sino un permiso para acceder por las calles Carpio y Trascorrales y, además, para otro coche que no es el que pone en la tarjeta. Luis Zaragoza explicó que, el abajo firmante, el comisario principal, admitió que había una solicitud, «pero que no podía precisar de quién».

Las preguntas de PSOE y Somos se centraron sobre todo en la tarjeta del exalcalde, pero hay más casos extraños. Luis Zaragoza, por Ciudadanos, resumió así las 'tarjetas blue': «Hay autorizaciones irregulares de todos los colores, azules, de carga y descarga o de peatonales».

También las que pedían trabajadores municipales para ellos mismos o «para sus familiares». La administrativa que tramitaba los permisos acabó pidiendo que se estableciesen unos criterios por escrito, después de «tener problemas con un compañero que quería un permiso para un familiar. Era una fuente constante de problemas», rescató de la declaración de la funcionaria, Ana Taboada.

En realidad, todo es bastante más sencillo. La Policía Local ha estado concediendo presuntos permisos irregulares con privilegios para aparcar o estacionar desde hace lustros. Las tarjetas las concedía la jefatura, «esta y la anterior», recalcó Zaragoza. «Se hacía de arriba hacia abajo, eran solicitudes que llegaban a la jefatura y era la jefatura la que mandaba expedir esas autorizaciones», añadió. «En ese sentido, sólo la jefatura sabe quién pedía las autorizaciones», pero ayer no lo recordó.

De la tramitación administrativa mejor no hablar. «Cúmulo de irregularidades», «arbitrariedad», «discrecionales», «ausencia absoluta de criterios», «problemas de competencia para concederlas», son algunas de los agujeros a los que aludieron ayer los concejales, con la salvedad del PP -centrado en defender a Caunedo- tras la comisión. «Ni siquiera había una resolución expresa», expuso Zaragoza, o mejor sí la «había cuando se denegaban, pero no cuando se concedían, que se expedían sin más». O dicho de otro modo, de las concedidas no quedaba huella administrativa.

Indagaciones

Tan solo en la base de datos, con registros solo desde 2009, y mediante otras indagaciones aparecieron 38 tarjetas en las que expresamente la Policía Local eximía del pago de la zona azul y otras 11 en las que dice «autorizado» únicamente. La cifra no incluye ni las concedidas a personal de la 'casa', ni una revisión de las que autorizan carga y descarga, ni las que autorizan a aparcar en calles peatonales. Figuran también tarjetas de minusválido fraudulentas, concedidas, a priori, a personas sin problemas de movilidad.

Sobre todo esto y más, el alcalde encargó un informe a la jefa de Asesoría Jurídica, Patricia Ibaseta. En sus conclusiones, exonera a José Manuel López porque el número de autorizaciones se venía reduciendo desde 2013 por lo que, en este último periodo, «no tendría trascendencia penal, sino solo administrativa».

Lo difícil es explicar que si el Código de Ciculación prohíbe estacionar «sobre las zonas destinadas al paso de los peatones», la Policía Local puede autorizarlo. Lo hizo, sin embargo, bajo el mandato de Agustín de Luis y, según los funcionarios que declararon ayer en la comisión de Atención a las Personas, durante los dos periodos en los que José Manuel López ha estado al frente del servicio. El concejal de Ciudadanos, Luis Zaragoza, sacó una conclusión: «No había ninguna diferencia».

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