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ROSALÍA AGUDÍN
Martes, 28 de febrero 2017, 02:23
Hace ocho años, los por entonces concejales socialistas Carmen Caballero y Alfredo Carreño denunciaron que el equipo de gobierno popular había incumplido las bases elaboradas para el polígono de Olloniego, ya que habían vendido a la empresa Urbana de Viviendas, S. A. la parcela B-16 de 16.000 metros cuadrados cuando estaba prohibida la transmisión de las naves. Ayer, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Rivas, mantuvo que existió «una irregularidad» y que tanto los exediles populares Jaime Reinares y Alberto Mortera eran «conocedores de lo que está pasando».
Lo hizo después de que la Fiscalía mantuviese la acusación contra ambos y la del responsable del área de Licencias Mayores, J. R. d. L. C., junto a la de la jefa de sección de Patrimonio, M. R. C. F.
Por su parte, el concejal de Somos Rubén Rosón se mostró indignado porque «gran parte de los gobernantes que tuvo la ciudad están siendo investigados por los jueces». Asimismo, recordó que en el sillón que ocupa él en el Pleno se sentaba antes Jaime Reinares, el cual «no ha dado explicaciones».
Asimismo, la portavoz de Izquierda Unida, Cristina Pontón pidió que los tribunales «esclarezcan el asunto, debido a que detrás hay una cantidad ingente de dinero». En este sentido, el concejal de Ciudadanos, Luis Pacho, explicó que la B-16 «es una demostración de las barbaridades que se hicieron en este Ayuntamiento al que vino mucha gente a servirse, no a servir».
«Como está señalando la Fiscalía, hay claras sospechas de que este Ayuntamiento sirvió a unos cuantos para enriquecimientos ilícitos bajo la apariencia de actividades económicas».
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