El Ayuntamiento de Oviedo reclamará 4 millones de euros en la liquidación del spa del Naranco

El Ayuntamiento no debería pagar ni un euro por el fallido spa de Ciudad Naranco. Es más, debería cobrar por haber tenido una parcela paralizada y por haber privado a los residentes del barrio de un servicio público. Eso es lo que dijo el pasado martes el alcalde, Wenceslao López, ante los vecinos de la zona como anticipo de lo que hoy mismo aprobará la Junta de Gobierno: el Ayuntamiento reclamará cuatro millones de euros a la empresa Naranco Wellnes tras una nueva liquidación de una obra que se quedó a medias.

Cuatro millones es lo que los técnicos municipales suponen que representan los daños y perjuicios para la ciudad después de tener durante diez años una parcela ocupada por unas obras que debían durar catorce meses y que ni siquiera tuvieron atisbos de terminarse en todo este tiempo. Son muchos los conceptos que valoran los funcionarios en ese informe que han realizado y que servirá de base para el recurso consistorial tras el último fallo en este un largo proceso judicial, un fallo que cifra la obra ejecutada en 3,3 millones de euros. Es lo que debe pagar el Ayuntamiento según el Juzgado de lo Contencioso número 6. Pero lejos de asumirlo, el equipo de gobierno cambia las tornas y reclama esos cuatro millones de euros. La resta daría un balance positivo para las arcas municipales de 700.000 euros, aunque quedan meses para saberlo.

De momento lo que el Ayuntamiento tiene sobre la mesa es, por un lado, la sentencia que reconoce el derecho de la empresa a recibir esos 3,3 millones de euros por el esqueleto de lo que iba a ser el spa; y por el otro, ese informe municipal que trata de dar la vuelta a la tortilla. Los técnicos municipales tienen varias líneas de argumentación. Una de ellas resalta esa privación de los ciudadanos de disponer de una parcela municipal durante diez años, cuando el periodo de obras acordado por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Naranco Wellnes, que iba a encargarse de la construcción y la gestión del spa durante 40 años, era de tan solo catorce meses. Esta máxima es aún más grave cuando no hay en el barrio ninguna otra parcela de las mismas características, no hay otra finca municipal edificable en toda la zona.

La reclamación de daños y perjuicios destaca también que esa parte construida del spa se valoró en 3,3 millones de euros, pero en 2014. «Nosotros no hemos podido entrar en la finca hasta el 22 de diciembre y por lo tanto no hemos podido valorar esa parte construida hasta hace unas semanas. Lo que nos hemos encontrado es que hay modificaciones en la unidad de obra que se hicieron pero que ni siquiera estaban aprobadas por el Ayuntamiento», explicó la vicealcaldesa Ana Taboada. Eso amén del evidente deterioro de la construcción que el Ayuntamiento «tampoco pudo conservar porque no podía entrar en la parcela».

Desde el Consistorio insistieron en que las valoraciones que habían podido hacer hasta ahora eran someras, porque «la empresa, en concurso de acreedores, incluso llegó a pedir una medida cautelar para paralizar la devolución de la finca al Ayuntamiento». Hubo en todo este proceso, desde que se firmara el convenio en 2006 hasta que se rescindió el contrato por inejecución, al entrar la UTE en concurso de acreedores en 2014, un sinfín de recursos judiciales y liquidaciones que tenían una caducidad de tres meses.

Ahora la jueza pone como valor base para la liquidación esos casi 3,3 millones de euros, aunque reconoce que pueden existir también esos daños y perjuicios, sin tasación alguna. Eso le toca al Ayuntamiento a quien la sentencia dice que tramite «sin dilación el expediente contradictorio en el que determine el importe de esos daños». Y advierte la jueza que controlará que la resolución ponga fin al procedimiento y que incluso podrá ordenar la ejecución del fallo existente a día de hoy para evitar dilaciones indebidas, para evitar que esos expedientes de liquidación vuelvan a caducar.

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