IDOYA REY
Jueves, 2 de febrero 2017, 01:56
Qué es este documento, situaciones en las que necesitarás apoyo, quienes serán tus tutores y qué debes hacer si no estás de acuerdo. Esos son los cuatro epígrafes de una pionera sentencia de poco más de un folio dictada por primera vez en Europa desde los juzgados de Familia de Oviedo. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) está desarrollando un proyecto piloto, en colaboración con el colectivo Plena Inclusión, para traducir el engorroso lenguaje jurídico y hacerlo comprensible a discapacitados intelectuales. Es el primer paso de la adaptabilidad cognitiva que tiene muchas otras posibilidades y es «una oportunidad para colocar a Asturias como referente a nivel europeo y mundial».
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El proyecto se ha iniciado en dos casos de incapacitación jurídica que llegaron a los jugados de Oviedo. «La mayor parte de la gente tiene problemas para entender en qué cosiste esa modificación de su capacidad para obrar. Lo que se les explica de un modo comprensible es qué se hace para proteger sus derechos e intereses», explicó ayer la jueza Asunción Velasco, quien firma una de las sentencias. Eso y también cómo les va a afectar directamente el fallo: van a necesitar apoyo de su tutor para sacar dinero, vender propiedades, elegir lugar de residencia o para votar por correo.
El proceso de traducción a ese sistema de 'lectura fácil' comenzó el pasado diciembre en esos dos casos piloto y se realizó tanto en la cédula de citación como en la sentencia final. En ambos casos, con el consenso de abogados, fiscales y familias, se trataba de personas con una patología cognitiva leve. «No tiene sentido hacerlo en patologías muy avanzadas en los que los afectados no pueden ni leer», señaló la jueza. Pero en estos primeros casos tuvo todo el sentido del mundo. Las familias, relató la jueza, estaban muy agradecidas porque «cuando se enfrentan al proceso de incapacitación de un padre o un hijo que ha perdido capacidad cognitiva o que tienen alguna patología psiquiátrica con brotes temporales que le hacen ir contra sus intereses, tomar esta decisión es dura y ellos se sienten aliviados porque se les explique que es por su bien».
El deseo de los jueces es que se ahonde en esta primera vía y se traduzcan las sentencias a la lectura fácil en todos los procesos, a excepción de los que protagonicen personas con trastornos cognitivos graves. Quieren que todos sepan cómo les afecta un proceso de incapacitación, que en Asturias suma cada año unos mil casos. Solo en los juzgados de Oviedo se tramitan 400 incapacitaciones al año. «Llegan casos de todo tipo, pero esto es importante porque la tendencia es a qué crezcan. La población se está envejeciendo y cada vez llegan más casos de este tipo», señaló la magistrada.
Aunque ya puestos, la medida podría ir mucho más allá y aplicarse en aquellos trámites con ciudadanos extranjeros con problemas de comprensión del idioma o con gente con dificultades para leer o escribir. «Esto que tenemos es un diamante en bruto que hace falta pulir porque no puede depender del trabajo y la voluntad de la asociación», reivindicó la gerente de Plena Inclusión Asturias, Casilda Sabín.
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Desde el TSJA anunciaron que presentarán los resultados del proyecto al Principado, ya conocedores de su existencia, y que tratarán de firmar un convenio para impulsarlo. «Porque esto no es una cuestión de buena voluntad, es una obligación según el convenio internacional de Nueva York vigente en España desde 2008. El lenguaje jurídico muchas veces es críptico, pero las sentencias deben mantener su rigor. Este sistema ayuda a que sean comprensibles dejando intacto el rigor jurídico», subrayaron el magistrado Juan Carlos García López y el presidente del Alto Tribunal asturiano, Ignacio Vidau.
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