«Si algún magistrado tenía tarjetas de zona azul que den sus nombres y explicaciones»

Durante las pasadas semanas no ha dejado de hablarse de los supuestos privilegios que ciertos ciudadanos habrían ostentado tras recibir tarjetas concedidas por la Policía Local para estacionar en zonas restringidas o circular por calles peatonales. Ese beneficio de los últimos años llegaba a jueces, mandos policiales y empresarios. Ayer, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Ignacio Vidau, negó que desde la institución se hayan solicitado en ninguna ocasión esos permisos.

«Desde el tribunal, desde el punto de vista institucional no se solicitó nunca ninguna tarjeta», zanjó Vidau. Lo único que tramitó el alto tribunal asturiano fue una autorización para que los magistrados que prestan servicio en los inmuebles de la plaza de Porlier e inmediaciones pudieran acceder por la zona peatonal, regulada por cámaras de tráfico, con sus coches para dejar expedientes. «Se tramitó un permiso para que puedan acceder con sus coches por la calle peatonal Schultz y así transportar pleitos voluminosos», aclaró. Ya hace tres o cuatro años que el TSJA envió un listado con los datos de esos magistrados. «Están en una base de datos. Por lo que tengo entendido ya no podrán entrar porque esa autorización se revocará. Tendrán que venir con los pleitos bajo el brazo o en un taxi. Eso es todo lo que hay», explicó.

No han tenido durante todos estos años ningún incidente desde el TSJA, ninguna multa por incumplir esa autorización, aunque ya ha advertido a los magistrados con permiso del cambio de escenario. De los otros, de los supuestos jueces con una de las conocidas como tarjetas 'blue', nada sabe Vidau. «Desconozco si hay magistrados a quien alguien les ha dado una tarjeta. En cualquier caso no tengo ningún inconveniente en que se den sus nombres y ellos respondan y den explicaciones y digan de dónde las han sacado. Que se diga quiénes son y que den ellos las explicaciones», expresó.

El caso que salió a la luz por la prensa obligó al concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, a dar explicaciones. El edil está analizando los datos para ver quién está detrás de esas concesiones y realizando también un cribado. Y no es una tarea fácil. Fernández reconoció que solamente hay datos «fidedignos» del pasado año. De los anteriores tan «solo estimaciones». Lo que puede garantizar el concejal es que a día de hoy hay 1.031 autorizaciones en vigor, menos de la mitad de las que «los técnicos estiman que existían en 2012».

Para obtener una de esas tarjetas es preciso seguir un procedimiento que incluye una solicitud, una documentación acreditativa, que se valora y después una resolución, unos trámites en los que no caben estimaciones. El concejal ha dictado una orden inmediata para regular la concesión de los permisos que a partir de ahora, explicó, tendrán una duración entre uno y tres años. Solo habrá las excepciones que vienen recogidas en la ordenanza. Ni más ni menos. Esos vehículos exentos de pago a los municipales son los de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las ambulancias que estén de servicio.

Hechos reconocidos

El concejal de Seguridad Ciudadana reconoció la concesión de esas tarjetas de aparcamiento que eximen del pago de la zona azul o permiten circular y aparcar en calles peatonales. Entre la nómina de beneficiados figurarían los vehículos privados de jueces de la Audiencia, magistrados del TSJA, mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil y empresarios. En algunos casos, también un segundo coche de uso familiar. El concejal transmitió que ante el caso, el comisario principal alegó que lo había hecho «por razones de seguridad, que no comparto», se apresuró a matizar.

La concesión de esas tarjetas contraviene una ordenanza fiscal aprobada por el Pleno, la 123, que regula la tasa por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas municipales, algo que no pasó desapercibido a la oposición municipal de Ciudadanos. Luis Zaragoza pidió más explicaciones y calificó de «sorprendente» que el responsable de Seguridad Ciudadana hable «de estimaciones que le ha trasladado la Policía Local, cuando lo que tiene que dar son datos. Datos de qué personas, con qué cargos y con qué justificación han estado eximidos de pagar una tasa, la de la zona azul, por obra y gracia del actual jefe de la Policía Local».

La portavoz de Izquierda Unida, Cristina Pontón, también ha pedido «una investigación» para revelar lo mismo, para descubrir quién goza en la actualidad de este permiso. «No se ajusta a la lógica que haya este tipo de autorizaciones y colaboraremos con el concejal» para esclarecer quién tiene en su poder dicha tarjeta.

Desde el Partido Popular solo ha hablado Gerardo Antuña, quien cree que estos permisos «siempre se dieron por una necesidad» y no porque una persona ostente un cargo relevante. «No creo que un funcionario haya dado una tarjeta así como así», cuestionó.

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