El Ayuntamiento ejecuta el derribo del chalé construido «ilegalmente» en El Naranco

No hubo tregua. La Policía Local, la Guardia Civil y plantilla municipal se personaron ayer a las diez de la mañana con una orden judicial en la mano en Las Cabañas, un pequeño núcleo rural junto a Brañes, en la falda del monte Naranco. Llegaban dispuestos a ejecutar, a la tercera, el fallo dictado hace cerca de cinco años por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ordenando el derribo de un chalé cuya construcción fue declarada «ilegal» al encontrase en una zona de especial protección. A última hora de la tarde, una excavadora ejecutó ese mandato demorado en el tiempo, aunque antes hubo que vaciar la vivienda, en parte ante los tres hijos de los propietarios. «Nos ha cogido por sorpresa», aseguró el padre, Alexander Ermakov.

En septiembre del pasado año, el Ayuntamiento se dispuso a dar cumplimiento de ese fallo judicial tras una denuncia tramitada por el Seprona. Un caso cuyo expediente, expresaron desde el Consistorio, se había «quedado en el cajón» del antiguo concejal de Urbanismo, Alberto Mortera. Acudieron a la vivienda, al igual que hicieron ayer, para proceder al desalojo y posterior derribo, pero la falta de permisos judiciales para acceder a la propiedad se lo impidió.

Más de un año después, este mismo martes, repitieron la operación. Tampoco pudieron ejecutarla: en la vivienda no estaba el propietario ni su exmujer, solo la abuela con los tres niños de la pareja, de 2, 5 y 7 años. En ese momento, según explicaron desde el Ayuntamiento, ya se les dio aviso del regreso al día siguiente para cortar los suministros de luz y agua y proceder al desalojo.

El personal municipal regresó, como había avisado, ayer. Llevaba, esta vez, un auto judicial con fecha del 23 de noviembre en el que se autorizaba la entrada a la finca para «realizar las actuaciones de restauración de la legalidad urbanística alterada»; es decir, para la demolición de la construcción. Aunque el auto hacía especial hincapié en la presencia de tres niños y reclamaba que se adoptaran «las medidas precisas para garantizar el respeto a la dignidad de las personas afectadas».

Con esas instrucciones, los agentes accedieron al interior de la finca. Esta vez les recibió Ermakov, quien expresó que la causa aún estaba en los tribunales. Hay un proceso abierto, pero no para dirimir el derribo, sino por el presunto «engaño» del propietario a la Administración. El hombre se enfrenta a una pena de tres años y medio de cárcel, en una causa en la que también están imputados el arquitecto encargado de diseñar la casa y dos constructores. No había ninguna salida: la familia tenía dos horas para desalojar la vivienda y recoger los enseres imprescindibles.

«Vinieron a primera hora y dijeron que iban a proceder. El Ayuntamiento no nos notificó el desalojo inmediato, por eso estábamos tranquilos durmiendo en nuestra casa. No sabíamos que nos iban a desalojar y tirar la casa porque tenemos el acta judicial de ayer que suspende el procedimiento. Esto fue una sorpresa total. Sacamos lo que nos dejaron, lo imprescindible», lamentaba el propietario. Sillitas de niños, una trona para comer, juguetes y maletas con la ropa esencial fueron algunas de las cosas que el dueño, ayudado por un amigo acarreó al exterior de la vivienda ante la presencia policial y la mirada de sus tres niños. «Esto es la vida, es lo que están viendo», lamentó ante los agentes.

Pasadas las dos horas, fue el personal municipal quien, manteniendo ese mandato de respeto a la dignidad, se hizo cargo de vaciar la vivienda. Una ardua tarea que se alargó hasta bien avanzada la tarde, pues según dijeron, los armarios estaban llenos de ropa y hubo que desmontar todos los muebles. Pasadas las siete de la tarde la excavadora derribó parte de la casa prefabricada para dejarla inhabitable y evitar una posible ocupación.

Por la finca de Brañes también pasó el personal de Servicios Sociales. Según el propietario, «al Ayuntamiento no le importa el aspecto social. Anteponen sus prioridades urbanísticas». Denuncia que los «Servicios Sociales declinaron dos solicitudes de mi mujer, con tres hijos menores. Esta es la única vivienda que teníamos. No tenemos otras propiedades y no sabemos dónde vamos a vivir. Nos facilitaron un albergue social para la primera noche, pero ahí los niños no pueden entrar», reprochó. Desde el Consistorio, aseguraron que se les ofreció un apartamento familiar en el albergue Cano Mata como medida de emergencia inminente y mientras se tramita y comprueba que la familia cumple los requisitos para una vivienda social .

El sentimiento que manifestaba ayer la familia era el de «impotencia». Ermakov sostiene que «el Ayuntamiento fue conocedor desde el primer momento de las obras que duraron un año bajo su supervisión. Coches de Policía y personal del Ayuntamiento estuvieron presentes mientras las obras se llevaban a cabo. Yo me enteré de la ilegalidad del asunto cuando las obras se terminaron y cuando mi familia ya vivía dentro. Fue el arquitecto el que tramitó todos los permisos». Él no se considera «culpable en ningún momento. Soy una víctima de una estafa urbanística».