El PSOE cree electoralistas las propuestas de IU y Somos sobre el control del botellón

Ayer se reunieron los cinco grupos municipales, que conforman la Corporación, para poner sobre la mesa la necesidad o no de revisar y modificar la Ordenanza de Convivencia Ciudadana. Lo hicieron en la Comisión de Atención a las Personas y de Participación Ciudadana, en la que se aprobó la creación de una mesa de trabajo con diferentes entidades y asociaciones del municipio para discutir y analizar la normativa municipal.

La intención de revisar y modificar la ordenanza partió del grupo municipal de Izquierda Unida. Lo hizo a raíz del dispositivo antibotellón que puso en marcha la Concejalía de Seguridad Ciudadana el pasado 27 de mayo y que se extendió durante todo ese fin de semana, coincidiendo con los exámenes finales de los estudiantes universitarios. La portavoz de IU, Cristina Pontón, calificó, por aquel entonces, esa medida de «decisión unilateral» y acusó a la Concejalía de Seguridad de «represiva» y «sancionadora». Y de esas tierras llegaron estos barros. IU pidió esta semana la revisión y modificación de la ordenanza, apoyada por Somos. La postura del PSOE es más cautelosa.

A través de un comunicado, el grupo municipal socialista aseguró ayer que la Ordenanza de Convivencia Ciudadana puede «ser mejorable, pero es necesario mantener el principio de autoridad administrativa». Sin embargo, el concejal de Seguridad Ciudadana fue más allá y pidió «no hacer demagogia». Según el edil, la petición de revisión viene «por el tema del botellón y esta norma recoge más aspectos», explicó el edil. «¿Solo se habla del botellón porque afecta a una capa electoral?», se preguntó Ricardo Fernández.

Incidió en que la autoridad ha de existir y que, en algunas ocasiones, debe de poner en práctica «el poder coercitivo porque desgraciadamente, a veces, hay que recurrir a la sanción que se aplican con criterios ponderativos», argumentó.

A la pregunta de si modificaría la norma, Fernández aseguró que «no puedo estar a favor de modificar algo si no se me dice qué hay que modificar». En este sentido, remarcó que «hay un derecho al ocio pero también al descanso» y matizó que la intervención administrativa, con carácter público, no es restrictiva sino que busca el beneficio de toda la comunidad.

La portavoz de Izquierda Unida respondió al concejal de Seguridad Ciudadana argumentando que no le parece hacer demagogia «de una ordenanza heredada del Partido Popular completamente represiva». Abogó por discernir de qué se está hablando, si es un problema de convivencia, de salud o de las dos cosas, «porque el botellón es el punto más importante», advirtió la portavoz de IU.

En este sentido, Pontón matizó que las sanciones deben existir pero han de ser «menos restrictivas». La edil de Izquierda Unida insistió en que no se está cuestionando la actuación policial pero sí quién está dando las órdenes. «Vienen de unos concejales que se dicen de izquierdas y lo que debería hacerse es una actuación basada en la educación y prevención». En este sentido, Pontón afirmó que no duda que «se esté haciendo así, pero no se está reflejando».

El grupo municipal de Somos aprovechó la Comisión de Atención a las Personas y Participación para pedir, de nuevo, un cambio en la ordenanza. Lo piden porque, según explicaron a través de un comunicado, «tenemos una ordenanza del PP, a la que hay que quitar el aroma predemocrático. Hay que garantizar la convivencia entre los vecinos, pero siempre con una norma que tenga muy presente el respeto a los derechos civiles y a las libertades», defendió la la concejala de Participación Ciudadana, Ana Taboada.

En contra de la reforma

Por su parte, la concejala del Partido Popular, Belén Fernández Acevedo, defendió la actual normativa, ya que «ofrece mecanismos para garantizar que todos los ovetenses cumplan con sus obligaciones cívicas y de respeto a los demás». Asimismo, rechazó su modificación y afirmó que durante las próximas semanas el grupo municipal popular se va a reunir con los representantes «del movimiento vecinal y con colectivos» para defender esta normativa, que se puso en marcha en 2010.

Para la expresidenta de la SOF, el objetivo del tripartito es «anular las sanciones para así favorecer el botellón, una práctica hacia la que sienten simpatía cuando no una complicidad directa como practicantes». «Prefieren contentar a las personas que alteran la convivencia y molestan a los vecinos que atender el derecho de quienes sufren las consecuencias» de estas prácticas, argumentó.

De forma paralela, el portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento, Gerardo Antuña, destacó que el «PSOE se da cuenta que esta ordenanza es imprescindible» y por ello la exconcejala de Servicios Sociales y Juventud pidió que esta formación recupere en algún momento «la cordura» y se «desvincule de sus socios de Gobierno, al menos en este tema».

Para el portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, la propuesta de Somos y de Izquierda Unida «es postureo» e indicó que su formación «no está de acuerdo con modificar la normativa, pero nos mostramos a favor del diálogo con los vecinos». Además, señaló que es una «contradicción» que se proponga que esta revisión de la norma sea abierta y se «dé una lista de quien quieren que asista a esta comisión».

La Comisión de Atención a las Personas y de Participación Ciudadana aprobó, finalmente, una serie de reuniones, para septiembre, en las que se estudiará la opinión de todos los sectores implicados, así como de organizaciones sociales y vecinales para reanudar el debate de la revisión y modificación de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, tras el verano.

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