Somos y el PSOE recurren el archivo de las diligencias penales por 'los palacios'

El Grupo Municipal de Somos y el del PSOE han recurrido el archivo de las diligencias penales por los presuntos delitos de prevaricación, fraude, malversación y exacciones ilegales en la operación del contrato de 'los palacios' decidido por el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo. Se apoyan, como principal novedad, en el reciente auto del Juzgado de lo Contencioso numero 3 condenando al Ayuntamiento a abonar 25 millones de euros a Jovellanos XXI por la liquidación de la concesión del Palacio de Congresos -que forma parte de una macro operación «peculiar hasta extremos insospechados», llega a decir su titular, el juez Miguel Ángel Carbajo-.

Basándose principalmente en las continuas modificaciones del contrato y la firma de acta de recepción del palacio, ambos insisten en que hay hechos probados más allá de meros indicios para destapar, en palabras de Somos, un «plan urdido» entre políticos, funcionarios y empresarios que ha supuesto un beneficio «de casi 200 millones de euros» para la citada sociedad «sin contraprestación alguna para la Corporación local», a excepción del citado espacio congresual.

Desde Somos apuntan directamente, y con fuego, al interventor municipal, Juan Luis González, y al ingeniero Ignacio Ruiz Latierro. El PSOE, por su parte, solicita que se tome declaración, además de a los dos mencionados, a los responsables políticos populares Gabino de Lorenzo, Jaime Reinares, Agustín Iglesias Caunedo, José Agustín Cuervas-Mons, y la jefe del servicio de Contratación del Ayuntamiento, Julia Piñera.

PSOE y Somos ya han presentado los escritos, pidiéndole a la jueza Begoña Fernández que reabra la actuación iniciada hace poco más de un año a instancias de la Fiscalía, que en un cambio de criterio solicitó el archivo de las actuaciones el pasado marzo. La titular del Juzgado comparte con el Ministerio Público que no se encuentran indicios penales sino «meras hipótesis o conjeturas sobre la presunta comisión, huérfanas de todo apoyo probatorio».

A la Casa Consistorial han llegado cuatro fallos judiciales relacionados en apenas un mes, un verdadero embrollo judicial y económico: por un lado, el pago municipal, que recurrirá el gobierno local, de esos 25 millones a la sociedad propiedad de las familias Cosmen y Lago por la liquidación, y por otro, la exclusión del Banco Santander en esta misma causa. La tercera, la condena del Supremo al arquitecto Santiago Calatrava por una mala dirección de la obra, origen de sobrecostes por 10,2 millones de euros; y la cuarta, el archivo de las diligencias penales al no apreciar delitos la Fiscalía, tal y como adelantó ayer EL COMERCIO. Entre el primero y el cuarto apenas hay cuatro días de diferencia.

Simplificando entre las 31 páginas de recursos, en este caso tanto Somos como el PSOE insisten en que la deriva del proceso no resultó casual y siempre se buscó por parte de los anteriores gestores del Ayuntamiento, con la firma de técnicos, la solución más provechosa para Jovellanos XXI. Entre ambos suman los delitos de prevaricación administrativa, malversación, fraudes y exacciones, falsedad documental y tráfico de influencias. El tercer partido del actual gobierno, IU, cuyo portavoz Roberto Sánchez Ramos dirigió la investigación municipal sobre el contrato, no recurrirá el fallo. Lo acata aunque existen «responsabilidades administrativas y penales» que finalmente será «el pueblo de Oviedo quien lo pagará», lamentó 'Rivi'.

El partido liderado por Ana Taboada calcula que las continuas modificaciones de las condiciones, edificaciones y cesiones desde la firma del contrato en 2002 le han supuesto a Jovellanos XXI ese beneficio de casi 200 millones de euros gracias a la diferencia entre los 264,5 millones de euros invertidos para construir y patrimonializar los aprovechamientos urbanísticos de Buenavista y la parcela de El Vasco, y los 463,7 millones de ingresos obtenidos.

El Palacio de Congreso de Buenavista, la única instalación propiedad municipal al cerrar la operación, se valoró en 2005 en 47 millones de euros y en 96,1 cuando se recepcionó la obra en 2011. A cambio, la empresa logró levantar en Buenavista el centro comercial, las oficinas que posteriormente vendió al Principado, el hotel y los aparcamientos privados, y consiguió «el 100% del aprovechamiento residencial de la parcela de El Vasco».

Sin control

Tanto la formación morada como los socialistas consideran que el proceso de adjudicación a la empresa nació contaminado. «Fue claramente dirigido a contratar una empresa evitando la libre concurrencia», denuncia la representación legal del PSOE para justificar ese supuesto tráfico de influencias. También, que nunca se cuantificaron con exactitud las propiedades municipales, rebajándose incluso a la baja -los socialistas consideran, por ejemplo, «una parodia» que la valoración del solar vendido de El Vasco fuera de 4,9 y no de 15,3 millones-.

Un punto y aparte merece el 6 de mayo de 2011 para Somos. Pese a que se duplicó el precio del Palacio, el ingeniero municipal y el interventor -junto al fallecido director municipal de obras César Fernández Cuevas- firmaron la recepción de las obras «sin una razón o explicación mínimamente verosímil». «Sin embargo tan desmesurado y desorbitado incremento económico parece que les pareció tan irrelevante que ni siquiera movió su curiosidad o duda, exigiendo explicaciones concluyentes al contratista, máxime cuando está en juego el erario público y la eficiencia en la asignación de recursos públicos», añade.