El gobierno local pide la dimisión de Caunedo y De Lorenzo por Villa Magdalena

«Día negro», «día triste», «un día en el que el 'gabinismo' ha golpeado duramente a esta ciudad», pero también un día «para que la ciudadanía de Oviedo grabe a fuego en su memoria histórica estos hechos», «comportamientos irregulares y corruptos», que «son la antítesis de lo que debería ser la gestión pública» y cuyas consecuencias «pagaremos los ovetenses durante los próximos años». El alcalde, Wenceslao López, compareció ayer indignado, fue contundente, didáctico, determinado... En realidad, todo el equipo de gobierno respondió a una a la sentencia del Supremo, que confirma que el Ayuntamiento tendrá que desembolsar otros 30 millones de euros por la ruinosa expropiación de Villa Magdalena.

Lo hizo en una rueda de prensa con tres mensajes: el gobierno local trabajará para minimizar el daño, «pelearemos hasta el último euro»; hay que depurar responsabilidades, políticas con la «dimisión inmediata del portavoz del PP, Agustín Iglesias Caunedo, y del exacalde, Gabino de Lorenzo», y, tal vez, técnicas. El alcalde anunció que se contratará una auditoría externa, «para que no haya ni una sombra de duda, que determine quién y cuándo cometió irregularidades». Habló de «acuerdos incumplidos», «de informes omitidos» y recordó que en 13 sesiones plenarias, desde la oposición, se le recordó a los populares la obligación de consignar el justiprecio de la expropiación de Villa Magdalena. «Tres de ellos eran, por lo menos, plenos de aprobación de presupuestos», precisó la vicealcaldesa, Ana Taboada.

Fue de las pocas precisiones. El equipo de gobierno evitó ayer, incluso, cuantificar el coste del varapalo judicial para no desvelar su estrategia procesal. «No vamos a cometer más errores aquí, bastantes hubo ya». Tampoco hay mucho margen. El Supremo ha anulado la 'creativa' valoración hecha por el TSJA en 2014, en la que consideró que para calcular el precio de Villa Magdalena había que hacer media entre el polígono fiscal de la zona centro y el de San Claudio, porque se encontraba en el «límite» entre ambos; reducirlo porque en División Azul hay mucho más tráfico y elevar un 20% los costes de construcción que estimaba el perito de la propia sala. El TSJA lo hizo con tanto entusiasmo que rebajó en 1,2 millones el justiprecio de 22,5 millones, aprobado en 2012. Lo hizo con tanto entusiasmo que el Supremo entró, en un recurso de casación, a corregir desde Madrid la valoración: el nuevo e inamovible justiprecio rondará los 43,5 millones de euros. A los que habrá que sumar los 8 millones ya pagados por intereses legales y una cifra similar, pero aún sin cerrar, por los devengados desde 2007, fecha en la que empresa solicitó su derecho a una retasación. En realidad, el alto tribunal manda repetir los cálculos de acuerdo a las tasaciones de Comamsa, pero con una edificabilidad de 3,3 metros cuadrados construibles por metro de suelo y no de 4,2 como planteaba la expropiada. López insistió en que «una diferencia de decimales puede suponer millones de euros para el Ayuntamiento» y que «una cosa es el principal y otra los intereses».

Desastres y amigos

La líder de Somos fue la más dura con el PP. Calificó de «desastre» una operación que se lleva el equivalente a las inversiones municipales de cuatro años. Taboada afirmó que un «amigo» de De Lorenzo, Miguel Ángel del Fueyo, con una inversión de 2,6 millones ha protagonizado un «pelotazo» que le puede suponer casi 60 millones y señaló su origen como un intento de beneficiar a la familia Rato-Figaredo. «La biblioteca más cara de la historia de la humanidad» exige dimisiones. Pidió las De Lorenzo, Iglesias Caunedo y Gerardo Antuña, o, en caso de que se nieguen, que sea el PP el que les exija dejar sus cargos y anunció la apertura de un expediente de responsabilidad patrimonial en cuanto concluya la auditoría. La portavoz de IU, Cristina Pontón, recordó la insistencia de su formación en reclamar la consignación del justiprecio que habría evitado la retasación, pero limitó las 'cabezas a cortar' a las de De Lorenzo y Jaime Reinares, que podían haber evitado «este desastre».

De tanto repasar errores y omisiones, la comparecencia del equipo de gobierno dejó la certeza de que sospechan que esto no ha sido una negligencia. «No es una causalidad», insistió el alcalde una y otra vez, decidido, dijo, «a administrar este caos que ha dejado el 'gabinismo' en esto, pero también en el personal». Hasta se le escapó lo que la RAE, en su quinta acepción, dice que es interjección malsonante para expresar enfado: «¿Por qué alguien iba a comprar algo que era expropiable y de interés público? ¡Coño! porque sabía que iba a seguir un camino que le convenía».

Ese camino, se inició cuando Del Fueyo compró en 1997 el palacete por un total de 3,4 millones y el Ayuntamiento decidió expropiarlo, pero ofreció solo 3,1. En 1998, el justiprecio lo tasó en 11,2 y el Ayuntamiento aprobó consignar ese dinero y recurrir la valoración, tal como le obligaba la ley y le recordaban los técnicos. El PP solo hizo lo primero.