G. D. -R.
Viernes, 13 de mayo 2016, 02:53
Gabino de Lorenzo salió ayer en tromba a defender, no ya la actuación de los gobiernos locales que presidió en la ruinosa expropiación de Villa Magdalena, sino a su persona de las «injurias y calumnias» que, acusó al alcalde, Wenceslao López, de verter contra su persona. En una carta, el hoy Delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, emplaza al regidor «a rectificar» las acusaciones que ha vertido contra él y a que lo haga «ante los mismos medios informativos en los que la ha pronunciado». «Su escaso nivel intelectual y su papel de marioneta política en el Ayuntamiento no conseguirá mi compasión para exigirle ante los tribunales la responsabilidad en la que ha incurrido», concluye amenazante.
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En realidad, los populares, salvo De Lorenzo, evitaron ayer los focos. Caunedo delegó en su adjunto Gerardo Antuña una valoración de la sentencia en la que sostiene que el resultado de la expropiación -el Ayuntamiento pagará más de 60 millones de euros por una finca comprada por 3,4- «no era previsible».
Hace hincapié en que el devengo de intereses no se hubiera evitado con la consignación del justiprecio. Obvia que haber depositado los 11,2 millones de euros, tal y como ordenaban los técnicos en 1998, habría evitado la retasación y el valor nunca habría superado el de la hoja de aprecio presentada por Comamsa de 12,8 millones. El Supremo lo coloca ahora cerca de los 43,5. Antuña justifica que se incumpliese el acuerdo de la junta de gobierno porque «su consignación habría supuesto una merma importante en la prestación de servicios municipales».
Además, afirma que en el expediente no se hablaba del riesgo de la retasación. «Ni figura reflejado en el expediente administrativo, ni fue tratado en los diferentes debates políticos que ha suscitado este asunto en el Pleno de la Corporación. Sí que se hablaba, sin embargo, en estos últimos, de la existencia de la deuda, pero nunca sobre la posibilidad de una retasación», derecho que contempla la Ley de Expropiación Forzosa para los expropiados cuando no se les paga. Sostiene que «tampoco era previsible para los responsables municipales de entonces» que la ponencia de valores catastrales caducase, «lo que llevó a la aplicación del método residual para la nueva valoración». Este método recurre a los valores del mercado inmobiliario, y este, en aquel momento, estaba en su punto más alto. Comamsa solicitó la retasación en marzo de 2007, en lo más alto de la burbuja inmobiliaria, lo que ha disparado el precio, pero según Antuña, «objetivamente», el incremento del justiprecio «no resultó previsible».
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